Privilegio y estado de derecho
Hoy en El Telégrafo, Alfredo Vera habla de
Instigación utilizando una prensa politizada, parcializada, defendiendo privilegios que se debilitan y se esfuman por la acción firme, sin amilanarse ante la calumnia y difamación cotidiana.
Puede que a alguien le suene familiar eso de que la prensa corructa, o los partidos de la derecha (ojo, ahora en estos últimos días se han puesto, como de común acuerdo, a hablar de "extrema derecha", fenómeno interesante de por sí, pues aparentemente los ideólogos del Regimen han llegado a la conclusión de que "derecha" no suena lo suficientemente terrorífico), o en general todos los opositores al glorioso Gobierno de la Revolución Ciudadana, se pasan sus horas libres defendiendo "privilegios".
Y puede que eso sea verdad. No me extrañaría. Es una tendencia bastante normal y predecible. Si tengo un privilegio, y veo ese privilegio amenazado, lo primero en que pensaré será en cómo defenderlo. Aunque no siempre se dará este caso. La simple observación revela que también hay personas o grupos que renuncian voluntariamente a sus privilegios, una vez que se les ha convencido de la injusticia que ellos representan. Allá en los 80, si bien recuerdo, la Reina de Inglaterra reconoció como anacrónico e improcedente ese privilegio especial que eximía a la monarquía de pagar impuestos. Se supone que no lo hizo por bondad y exquisito sentido de justicia, sino como gesto de relaciones públicas en aras de la supervivencia de La Firma (como allá se conoce a la monarquía). Por otra parte, los grandes avances en cuestión de derechos civiles (abolición de leyes discriminatorias), de sufragio universal, de descolonización, durante los últimos dos siglos, casi siempre han contado con la colaboración de una masa crítica de legisladores y otras personas influyentes, apologistas de la justicia natural, aparentemente desinteresados, que han ayudado a desarmar un sistema de privilegios del cual ellos mismos se beneficiaban. De no haber sido así, la historia contemporánea hubiera sido aun más violenta de lo que nos cuentan.
Claro que es lícito y saludable cierto cinismo en lo tocante a las motivaciones. ¿Cuántos de esos respetables y rebigotudos legisladores eduardianos ingleses que "otorgaron" el voto a las mujeres lo hicieron por profunda convicción, y cuántos porque temían que su propia hija o esposa sufragista terminara encadenada a una valla o encarcelada por obstrucción de la vía pública? La pregunta es imposible de contestar en tanto que es imposible separar las motivaciones, digamos, más directas - crematísticas, de autoconservación, etcétera - de las más subjetivas, pero no por ello menos decisivas, como puede ser el deseo de aceptación social. Lo que sí podemos decir es que mucha gente actúa aparentemente en contra de su propio interés, motivada por tal deseo, digamos, de inclusión. (No hay que mirar más lejos que aquellas jóvenes infelices que ponen en peligro su propia salud y desarrollan trastornos alimenticias por el deseo de ser "delgadas" y así, supuestamente, lucir más en sociedad.)
Es por eso mismo que considero que si existen privilegios en el Ecuador actual, éstos se deberían especificar y denunciar. En el hipotético caso de que algunos de los beneficiados de estos privilegios sean susceptibles a esas presiones sociales que en otros casos históricos han revelado ser bastante eficaces, llamar la atención sobre dichos privilegios se supone que ayudaría a extirparlos. Aunque hay que reconocer que la presión social funciona mucho mejor donde hay, en primer lugar, una sociedad. ¿Qué quiero decir con eso? Simplemente que para que el Sr. X decida renunciar voluntariamente a su privilegio, o a sus injustificados reclamos ante su pérdida, motivado por el deseo de inclusión social, de gozar de respeto y de un buen nombre ante sus conciudadanos, debería por lo menos existir la posibilidad de que tal renuncia surta el efecto deseado. Si el gobierno, en cambio, ya se ha encargado de excluir de su definición de "sociedad" un grupo al cual el Sr X pertenece, y se resiste a reconocer siquiera la posibilidad de que este señor pueda actuar con entereza y merecer respeto y consideración, pues ya no habrá presión social que valga: es más probable que, en reacción a la propaganda negativa, ese señor se atrinchere en su propio grupo o gremio o "sector", buscando allí el reconocimiento "social" vedado en otros ámbitos. El resultado será una sociedad fragmentada, polarizada, en perpetua guerra consigo mismo.
Ejemplos sobran. En el feminismo, por ejemplo, hay un sector radical o ultra que niega que un hombre pueda ser otra cosa que un violador, de hecho o en potencia, un tirano, un opresor, un enemigo en fin. Ante lo cual, si uno es hombre difícilmente se sentirá motivado por tal discurso a confrontar su propio machismo: si ellas mismas dicen que es algo genéticamente inevitable, pues ¡a ser machista! Del mismo modo, y trayendo el argumento a casa, si el gobierno implanta a través de su ubicua propaganda la creencia de que todos los banqueros, o los medios privados, son corruptos, y que además hay argumentos de solvencia académica que demuestran la inevitabilidad de este hecho, es de esperar que en su quehacer diario el banquero o el periodista pensará en todo menos en impresionar a ese gobierno y a sus seguidores con su intachable conducta.
Sin embargo, con una posible excepción (el estatus posiblemente privilegiado de la Iglesia Católica frente a otras religiones, tema en que no entraré por falta de conocimientos actualizados en este tema) no recuerdo haber visto en toda la extensa propaganda gubernamental ninguna referencia específica a alguno de esos privilegios a los que aparentemente esos "fascistas" y "pinochetistas" locales, según Vera, se aferran con tanta saña. No pasa ni un solo día sin que algún correísta, a través de las cadenas, de los medios gubernamentales (perdón, "públicos") o de los comentarios en diarios como El Comercio, denuncie a esos partidócratas, apátridas, pelucones y demás fauna que luchan para concerbar sus pribilejios, pero nadie parece capaz de explicar ni quiénes son, ni a qué grupos pertenecen, ni cuáles son esos privilegios que se resisten a perder (a menos que sea el privilegio de disponer de un corrector ortográfico).
Recordemos que la palabra privilegio viene de "ley privada" y se refiere, en principio, a injusticias que se consagran a través de la ley, beneficiando exclusivamente a ciertas personas por razón de su religión, etnia, nacionalidad, género, profesión, estatus social, cargo, o relación con "el poder". Se supone que en una sociedad moderna que se precie de democrática, dichas "leyes privadas" no han de existir, y muchas constituciones o declaraciones de derechos se oponen explícitamente a ellas. Tradicionalmente, se ha dado el nombre de Estado de Derecho a un estado en que nadie está "por encima de la ley", y donde las leyes garantizan a todo el mundo los mismos derechos y obligaciones, y el mismo trato por parte de las instituciones del estado. Ahora bien, es legítimo dudar si en todo el mundo existe un solo Estado que manifieste plenamente estas características. Una monarquía como Gran Bretaña evidentemente no puede considerarse como un Estado de Derecho. Tampoco un país como EEUU, donde en ciertos ámbitos se garantiza un trato preferencial, consagrado a través de leyes y reglamentos especiales, para miembros de determinadas "minorías", supuestamente (y paradójicamente) como instrumento para combatir la discriminación. En el caso de Ecuador, la misma Constitución lo dice: lo que hay no es un Estado de Derecho sino "de Derechos", es decir, mediante la concesión puramente teórica de nuevos y atractivos "derechos", que nunca se cumplen, se ha querido enmascarar la desigualdad de determinados sectores de ciudadanos ante la Ley, desigualdad que la misma Constitición en varios sitios explícitamente consagra. Por eso, hablar de privilegios en Ecuador deviene algo necesario.
Recordemos también que un privilegio puede darse en sentido positivo o negativo, directa o indirectamente. Es decir, si propongo una Ley que diga que "todo el mundo tiene la obligación de votar, salvo los hombres", se podría argumentar que el hombre sale "beneficiado", por la posibilidad de quedarse en casa el día de las elecciones, o alternativamente que la mujer sale "perjudicada", pues tiene una obligación extra que no es valedera para todo el mundo. En este caso, hablar de un grupo perjudicado o de un grupo beneficiado es hablar de lo mismo: el privilegio de unos es, necesariamente, el menosprecio institucional de otros. Algunas feministas, posiblemente, argumentarían, incluso, que tal proyecto merece apoyo por cuanto el resultado sería seguramente que en todas las elecciones las mujeres formarían una amplísima mayoría de electores. Pero aun así, no deja de ser cierto que la ley ha dejado de ser la misma para todos (o para "todas y todos", según la moda analfabeta reinante).
Si uno está de acuerdo con estas exclusiones, con estos "casos especiales", con las "acciones afirmativas", con las cuotas que estipulan para un determinado organismo un mínimo de mujeres pero no un mínimo de hombres, etcétera, entonces debería reconocer que lo que está haciendo es defender el privilegio. De la misma manera, si uno se aprovecha de leyes que especifican una penalidad diferente para el mismo crimen, según sea el infractor ciudadano normal o "autoridad" (como en el caso Correa vs El Universo, donde la pena máxima exigida de 3 años sirve exclusivamente, según el Código Penal, para calumnias contra "autoridades"), no puede lógicamente arremeter contra la existencia de "privilegios" sin incurrir en hipocresía. Y si algo se ha hecho patente en los últimos años, es que el gobierno no solamente defiende privilegios, sino que los va creando alegremente sobre la marcha. Y no hablo solamente de los archiconocidos privilegios fiscales, sino de cosas como el fuero parlamentario (privilegio de inmunidad), o el privilegio de los no banqueros a tener medios de comunicación, o de las leyes de desacato (privilegio de los funcionarios a exigir un trato de especial deferencia), o del privilegio de las mujeres a sobrepasar una representación estrictamente proporcional en algunas instituciones, o del privilegio de algunas profesiones a decidir libremente cuántas horas deben trabajar sus asalariados (frente a los maestros, que no pueden decidir eso) o el privilegio (en la propuesta Ley de Comunicación) de los artistas "nacionales" a gozar de una garantía de exposición mínima en los medios, o el privilegio de los Presidentes a no pagar impuestos con las ganancias conseguidos a partir de decisiones judiciales, cuando otros sí tienen que pagar estos impuestos, o el privilegio de los familiares de los amigos de Correa a usar el avión presidencial, o el privilegio de los docentes universitarios a tener cargos políticos donde otros no pueden desempeñarlos, etcétera.
Existe, por supuesto, un argumento según el cual se puede, o se debe, usar el privilegio contra el privilegio. Este argumento con frecuencia se esgrime en relación a las cuotas, a la acción afirmativa, etcétera, que supuestamente beneficia a "sectores" "históricamente oprimidas". El problema es que típicamente esta "opresión" se describe en términos sociales, mientras que la solución propuesta es institucional: es decir, se toma como punto de partida que las instituciones crean y determinan la sociedad, y no al revés. Será por eso que tales medidas raramente surten el efecto deseado. Contra la supuesta hegemonía de una poderosa oligarquía en los medios privados ecuatorianos, se ha contrapuesto el proyecto de unos medios "públicos", privilegiados en tanto son subvencionados con fondos públicos, que por primera vez le darían voz, supuestamente, a los sectores oprimidos de la sociedad. En realidad, sólo hay que ojear El Telégrafo para darse cuenta de que dichos medios públicos son únicamente voceros de la nueva oligarquía correísta. Defienden el poder constituido, defienden los privilegios de los suyos. Y los que defienden algo más que eso son despedidos. No hay más.
No sé si algo más se puede esperar de un pais cuyo Presidente, en un discurso reciente (U. de Columbia) demostró no saber siquiera lo que significa "Estado de Derecho" (él lo confundió con separación de poderes) y, encima, piensa que tal Estado de Derecho peligra cuando demasiadas personas (o las personas equivocadas) expresan sus opiniones. Que la pintoresca frase acuñada por Correa (Rule of Opinion o Estado de Opinión) haya sido devotamente recogida y repetida por Vera (en su último párrafo) lo dice todo acerca de quienes, en la actualidad, detentan el oscuro privilegio en este desdichado país.
Instigación utilizando una prensa politizada, parcializada, defendiendo privilegios que se debilitan y se esfuman por la acción firme, sin amilanarse ante la calumnia y difamación cotidiana.
Puede que a alguien le suene familiar eso de que la prensa corructa, o los partidos de la derecha (ojo, ahora en estos últimos días se han puesto, como de común acuerdo, a hablar de "extrema derecha", fenómeno interesante de por sí, pues aparentemente los ideólogos del Regimen han llegado a la conclusión de que "derecha" no suena lo suficientemente terrorífico), o en general todos los opositores al glorioso Gobierno de la Revolución Ciudadana, se pasan sus horas libres defendiendo "privilegios".
Y puede que eso sea verdad. No me extrañaría. Es una tendencia bastante normal y predecible. Si tengo un privilegio, y veo ese privilegio amenazado, lo primero en que pensaré será en cómo defenderlo. Aunque no siempre se dará este caso. La simple observación revela que también hay personas o grupos que renuncian voluntariamente a sus privilegios, una vez que se les ha convencido de la injusticia que ellos representan. Allá en los 80, si bien recuerdo, la Reina de Inglaterra reconoció como anacrónico e improcedente ese privilegio especial que eximía a la monarquía de pagar impuestos. Se supone que no lo hizo por bondad y exquisito sentido de justicia, sino como gesto de relaciones públicas en aras de la supervivencia de La Firma (como allá se conoce a la monarquía). Por otra parte, los grandes avances en cuestión de derechos civiles (abolición de leyes discriminatorias), de sufragio universal, de descolonización, durante los últimos dos siglos, casi siempre han contado con la colaboración de una masa crítica de legisladores y otras personas influyentes, apologistas de la justicia natural, aparentemente desinteresados, que han ayudado a desarmar un sistema de privilegios del cual ellos mismos se beneficiaban. De no haber sido así, la historia contemporánea hubiera sido aun más violenta de lo que nos cuentan.
Claro que es lícito y saludable cierto cinismo en lo tocante a las motivaciones. ¿Cuántos de esos respetables y rebigotudos legisladores eduardianos ingleses que "otorgaron" el voto a las mujeres lo hicieron por profunda convicción, y cuántos porque temían que su propia hija o esposa sufragista terminara encadenada a una valla o encarcelada por obstrucción de la vía pública? La pregunta es imposible de contestar en tanto que es imposible separar las motivaciones, digamos, más directas - crematísticas, de autoconservación, etcétera - de las más subjetivas, pero no por ello menos decisivas, como puede ser el deseo de aceptación social. Lo que sí podemos decir es que mucha gente actúa aparentemente en contra de su propio interés, motivada por tal deseo, digamos, de inclusión. (No hay que mirar más lejos que aquellas jóvenes infelices que ponen en peligro su propia salud y desarrollan trastornos alimenticias por el deseo de ser "delgadas" y así, supuestamente, lucir más en sociedad.)
Es por eso mismo que considero que si existen privilegios en el Ecuador actual, éstos se deberían especificar y denunciar. En el hipotético caso de que algunos de los beneficiados de estos privilegios sean susceptibles a esas presiones sociales que en otros casos históricos han revelado ser bastante eficaces, llamar la atención sobre dichos privilegios se supone que ayudaría a extirparlos. Aunque hay que reconocer que la presión social funciona mucho mejor donde hay, en primer lugar, una sociedad. ¿Qué quiero decir con eso? Simplemente que para que el Sr. X decida renunciar voluntariamente a su privilegio, o a sus injustificados reclamos ante su pérdida, motivado por el deseo de inclusión social, de gozar de respeto y de un buen nombre ante sus conciudadanos, debería por lo menos existir la posibilidad de que tal renuncia surta el efecto deseado. Si el gobierno, en cambio, ya se ha encargado de excluir de su definición de "sociedad" un grupo al cual el Sr X pertenece, y se resiste a reconocer siquiera la posibilidad de que este señor pueda actuar con entereza y merecer respeto y consideración, pues ya no habrá presión social que valga: es más probable que, en reacción a la propaganda negativa, ese señor se atrinchere en su propio grupo o gremio o "sector", buscando allí el reconocimiento "social" vedado en otros ámbitos. El resultado será una sociedad fragmentada, polarizada, en perpetua guerra consigo mismo.
Ejemplos sobran. En el feminismo, por ejemplo, hay un sector radical o ultra que niega que un hombre pueda ser otra cosa que un violador, de hecho o en potencia, un tirano, un opresor, un enemigo en fin. Ante lo cual, si uno es hombre difícilmente se sentirá motivado por tal discurso a confrontar su propio machismo: si ellas mismas dicen que es algo genéticamente inevitable, pues ¡a ser machista! Del mismo modo, y trayendo el argumento a casa, si el gobierno implanta a través de su ubicua propaganda la creencia de que todos los banqueros, o los medios privados, son corruptos, y que además hay argumentos de solvencia académica que demuestran la inevitabilidad de este hecho, es de esperar que en su quehacer diario el banquero o el periodista pensará en todo menos en impresionar a ese gobierno y a sus seguidores con su intachable conducta.
Sin embargo, con una posible excepción (el estatus posiblemente privilegiado de la Iglesia Católica frente a otras religiones, tema en que no entraré por falta de conocimientos actualizados en este tema) no recuerdo haber visto en toda la extensa propaganda gubernamental ninguna referencia específica a alguno de esos privilegios a los que aparentemente esos "fascistas" y "pinochetistas" locales, según Vera, se aferran con tanta saña. No pasa ni un solo día sin que algún correísta, a través de las cadenas, de los medios gubernamentales (perdón, "públicos") o de los comentarios en diarios como El Comercio, denuncie a esos partidócratas, apátridas, pelucones y demás fauna que luchan para concerbar sus pribilejios, pero nadie parece capaz de explicar ni quiénes son, ni a qué grupos pertenecen, ni cuáles son esos privilegios que se resisten a perder (a menos que sea el privilegio de disponer de un corrector ortográfico).
Recordemos que la palabra privilegio viene de "ley privada" y se refiere, en principio, a injusticias que se consagran a través de la ley, beneficiando exclusivamente a ciertas personas por razón de su religión, etnia, nacionalidad, género, profesión, estatus social, cargo, o relación con "el poder". Se supone que en una sociedad moderna que se precie de democrática, dichas "leyes privadas" no han de existir, y muchas constituciones o declaraciones de derechos se oponen explícitamente a ellas. Tradicionalmente, se ha dado el nombre de Estado de Derecho a un estado en que nadie está "por encima de la ley", y donde las leyes garantizan a todo el mundo los mismos derechos y obligaciones, y el mismo trato por parte de las instituciones del estado. Ahora bien, es legítimo dudar si en todo el mundo existe un solo Estado que manifieste plenamente estas características. Una monarquía como Gran Bretaña evidentemente no puede considerarse como un Estado de Derecho. Tampoco un país como EEUU, donde en ciertos ámbitos se garantiza un trato preferencial, consagrado a través de leyes y reglamentos especiales, para miembros de determinadas "minorías", supuestamente (y paradójicamente) como instrumento para combatir la discriminación. En el caso de Ecuador, la misma Constitución lo dice: lo que hay no es un Estado de Derecho sino "de Derechos", es decir, mediante la concesión puramente teórica de nuevos y atractivos "derechos", que nunca se cumplen, se ha querido enmascarar la desigualdad de determinados sectores de ciudadanos ante la Ley, desigualdad que la misma Constitición en varios sitios explícitamente consagra. Por eso, hablar de privilegios en Ecuador deviene algo necesario.
Recordemos también que un privilegio puede darse en sentido positivo o negativo, directa o indirectamente. Es decir, si propongo una Ley que diga que "todo el mundo tiene la obligación de votar, salvo los hombres", se podría argumentar que el hombre sale "beneficiado", por la posibilidad de quedarse en casa el día de las elecciones, o alternativamente que la mujer sale "perjudicada", pues tiene una obligación extra que no es valedera para todo el mundo. En este caso, hablar de un grupo perjudicado o de un grupo beneficiado es hablar de lo mismo: el privilegio de unos es, necesariamente, el menosprecio institucional de otros. Algunas feministas, posiblemente, argumentarían, incluso, que tal proyecto merece apoyo por cuanto el resultado sería seguramente que en todas las elecciones las mujeres formarían una amplísima mayoría de electores. Pero aun así, no deja de ser cierto que la ley ha dejado de ser la misma para todos (o para "todas y todos", según la moda analfabeta reinante).
Si uno está de acuerdo con estas exclusiones, con estos "casos especiales", con las "acciones afirmativas", con las cuotas que estipulan para un determinado organismo un mínimo de mujeres pero no un mínimo de hombres, etcétera, entonces debería reconocer que lo que está haciendo es defender el privilegio. De la misma manera, si uno se aprovecha de leyes que especifican una penalidad diferente para el mismo crimen, según sea el infractor ciudadano normal o "autoridad" (como en el caso Correa vs El Universo, donde la pena máxima exigida de 3 años sirve exclusivamente, según el Código Penal, para calumnias contra "autoridades"), no puede lógicamente arremeter contra la existencia de "privilegios" sin incurrir en hipocresía. Y si algo se ha hecho patente en los últimos años, es que el gobierno no solamente defiende privilegios, sino que los va creando alegremente sobre la marcha. Y no hablo solamente de los archiconocidos privilegios fiscales, sino de cosas como el fuero parlamentario (privilegio de inmunidad), o el privilegio de los no banqueros a tener medios de comunicación, o de las leyes de desacato (privilegio de los funcionarios a exigir un trato de especial deferencia), o del privilegio de las mujeres a sobrepasar una representación estrictamente proporcional en algunas instituciones, o del privilegio de algunas profesiones a decidir libremente cuántas horas deben trabajar sus asalariados (frente a los maestros, que no pueden decidir eso) o el privilegio (en la propuesta Ley de Comunicación) de los artistas "nacionales" a gozar de una garantía de exposición mínima en los medios, o el privilegio de los Presidentes a no pagar impuestos con las ganancias conseguidos a partir de decisiones judiciales, cuando otros sí tienen que pagar estos impuestos, o el privilegio de los familiares de los amigos de Correa a usar el avión presidencial, o el privilegio de los docentes universitarios a tener cargos políticos donde otros no pueden desempeñarlos, etcétera.
Existe, por supuesto, un argumento según el cual se puede, o se debe, usar el privilegio contra el privilegio. Este argumento con frecuencia se esgrime en relación a las cuotas, a la acción afirmativa, etcétera, que supuestamente beneficia a "sectores" "históricamente oprimidas". El problema es que típicamente esta "opresión" se describe en términos sociales, mientras que la solución propuesta es institucional: es decir, se toma como punto de partida que las instituciones crean y determinan la sociedad, y no al revés. Será por eso que tales medidas raramente surten el efecto deseado. Contra la supuesta hegemonía de una poderosa oligarquía en los medios privados ecuatorianos, se ha contrapuesto el proyecto de unos medios "públicos", privilegiados en tanto son subvencionados con fondos públicos, que por primera vez le darían voz, supuestamente, a los sectores oprimidos de la sociedad. En realidad, sólo hay que ojear El Telégrafo para darse cuenta de que dichos medios públicos son únicamente voceros de la nueva oligarquía correísta. Defienden el poder constituido, defienden los privilegios de los suyos. Y los que defienden algo más que eso son despedidos. No hay más.
No sé si algo más se puede esperar de un pais cuyo Presidente, en un discurso reciente (U. de Columbia) demostró no saber siquiera lo que significa "Estado de Derecho" (él lo confundió con separación de poderes) y, encima, piensa que tal Estado de Derecho peligra cuando demasiadas personas (o las personas equivocadas) expresan sus opiniones. Que la pintoresca frase acuñada por Correa (Rule of Opinion o Estado de Opinión) haya sido devotamente recogida y repetida por Vera (en su último párrafo) lo dice todo acerca de quienes, en la actualidad, detentan el oscuro privilegio en este desdichado país.
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