Los anti-Areopagiticas: there should be a Law

Un par de acontecimientos de los últimos días:

Un rector de una universidad quiteña ha sido agredido por unos energúmenos, aparentemente estudiantes.

Una mujer guayaquileña, aparentemente vendedora informal, fue perseguida por un agente de la policía metropolitana, persecución que terminó cuando fue atropellada por un taxi amarillo.

A todas luces las dos noticias son de un valor, si no igual, equiparable. En ambas, una persona fue agredida, sufriendo golpes "de diversa consideración" como se suele decir (suelo interpretar: de gravedad desconocida; el el caso de la mujer, se habla de un brazo que chorreaba sangre). En ambas, la agresión está relacionada con la actualidad política del país, y por eso trasciende la mera anécdota. Sin embargo, la primera noticia fue difundida en diarios y telediarios (hasta motivó alguna que otra columna de opinión), mientras que de la segunda el único testimonio que he visto es el de un solitario blogger.

Si se tiene en cuenta que el diario de mayor difusión en Guayaquil, El Universo, tiene una línea editorial de claro (y aparentemente incondicional) apoyo a todas las actuaciones del Municipio de esta ciudad, entre ellas su esfuerzo por combatir la venta informal en ciertas zonas mediante el uso de la fuerza casi siempre desproporcionada, no es sorprendente que no haya difundido la segunda noticia (es probable que ni se hayan enterado los periodistas de ese medio). Es una noticia que no tiene por qué interesarles. Hay ciertos hechos que exigen cobertura pese a quien le pese, pues un diario que esconde información de alto perfil noticioso corre el riesgo de quedarse en una situación de ridículo, de escarnio y de descrédito cuando otros medios sí lo cubren y la cosa deviene de dominio público; en cambio, hay otros hechos de perfil más discreto que en la medida en que molestan, se ignoran con parnasiana tranquilidad, sobre todo si existe la seguridad de que nadie más (es decir, nadie importante) los va a mencionar. En el caso de la mujer perseguida por el robaburros, no había ahí reporteros "profesionales", con carnet y cámara: el bloguero que lo presenció se puede desestimar como fuente poco fiable (¿desde cuándo los blogs transmiten información?). Y así, todos tranquilos y aquí no ha pasado nada.

De este modo, lo que recibimos a través de El Universo y otros diarios de similar laya es una visión muy sesgada y parcial de la actualidad del país. Ahora mismo, por ejemplo, cualquier noticia que deje en evidencia al gobierno será de primera plana: en cambio, cualquier logro del mismo gobierno (alguno tiene que haber, más allá de la bonanza acaecida a los fabricantes de velas), o cualquier escándalo que involucre a sus opositores más conspicuos, o bien no aparecerá o bien será sujeto a un tratamiento destinado a minimizar el hecho de alguna manera.

Estos hechos son notorios, y supongo que los únicos capaces de ignorarlos son aquellas personas que estén de acuerdo al cien por cien con la línea editorial de ese diario. Es un fenómeno tristemente universal, que el sesgo que coincida con el punto de vista que uno tiene, se le presentará no como sesgo sino como la más pura y escrupulosa objetividad.

Evidentemente, lo mismo sucede por el lado contrario. Quien esté a favor del gobierno tiene la posibilidad de leer un diario (El Telégrafo) que se limita prácticamente a presentar hechos que sirvan para reforzar tal adhesión, y a presentar opiniones de columnistas seleccionados, al parecer, únicamente por su ideología socialista.

Ahora, tal situación es la que supuestamente ha motivado lo que se ha dado en llamar "la futura Ley de Comunicación": sus promotores argumentan que en la medida en que los medios actuales son sesgados y parciales, se está violentando un supuesto derecho de la ciudadanía a recibir información objetiva, completa, honrada, "veraz", información que no haya pasado por los filtros de ningún prejuicio personal ni ceguera corporativa. Es decir, se propone que mediante una regulación adecuada de los medios, la ciudadanía será mejor informada, y además, tendrá más libertad para expresarse y hacerse escuchar.

Sobra decir que si se pudiera conseguir eso sin violentar los derechos de nadie, valdría la pena. ¿Quién no quisiera ser mejor informado? ¿Quién no quisiera tener más posibilidades para expresarse, o acceso a una mayor audiencia? De hecho, vivimos en una sociedad en que para muchas personas el summum bonum se traduce en esos quince minutos de fama delante de alguna cámara de televisión: ninguna humillación, ninguna degradación es demasiada para lograr ese soñado premio. Así que si la Futura Ley favorece a cualquier fenómeno que se pueda dignar con el nombre de "producción nacional", eso por sí solo debería de asegurar su popularidad. Con salvedad de unos cuantos elementos foráneos de difícil asimilación (mea culpa, mea culpa) "todos somos producción nacional".

Entonces ¿cual es el problema?

En primer lugar, el que realmente haya un problema asociado con la propuesta Solución Legislativa no es invento de los malvados MCP (Medios de Comunicación Privados, según Xaflag: yo antes tenía una chapa con estas iniciales, pero significaba otra cosa). Si realmente fuera tan fácil legislar una Arcadia de libertad, riqueza y armonía mediáticas, se supone que en algún país del mundo ya se habría hecho; sin embargo, es notable que lo único remotamente parecido a esta Futura Ley que en todos los debates hasta ahora se haya sacado a relucir ha sido la legislación de comunicación venezolana, es decir, la legislación de un regimen corrupto y autocrático, lo cual es apenas una recomendación. Es cierto que hace unas semanas una asambleista incauta se atrevió a asegurar delante de los micrófonos que en "muchos países" había leyes parecidas, mencionando el caso de Inglaterra, donde en realidad no hay nada remotamente semejante, y donde la única organización reguladora de la prensa es un órgano de autorregulación. También, para más inri, mencionó el caso de EEUU, aparentemente ignorando que allí hay toda una enmienda constitucional que impide legislar en contra de la libertad de prensa. En todo caso, sería bueno que en este debate se recogiera más lecciones de otras partes del mundo. Uno tiene a veces la impresión de que en Ecuador la gente piensa que, tratándose de cualquier asunto, la situación en otras partes forzosamente tiene que ser mejor que aquí, y que todo cambio que implique acercarse a esos "otros países" será bueno. En tal caso, vale la pena señalar que aparte de que no hay nada semejante a esta Futura Ley en los mencionados países, la misma problemática que se identifica aquí como requiriendo urgente solución legal existe en muchos países del Primer Mundo, en igual o peor medida, sin que nadie esté sopesando medidas legislativas al respecto. Si se habla de oligopolio, ¿qué decir de la situación en Gran Bretaña, donde el News International de Murdoch domina los quioscos con media docena larga de títulos diarios? Si se habla de sesgo, ¿qué decir de la prensa del mismo país que celebró abiertamente la muerte de 323 argentinos a bordo del General Belgrano durante la Guerra de las Malvinas? O ¿qué decir de la prensa norteamericana, que apoyó mayoritariamente la insostenible línea gubernamental según la cual la invasión de Iraq tenía justificación militar? En realidad, el sesgo, la mediocridad, el parti pris político, no es que sean frecuentes en la prensa y la televisión de otros países, sino que forman un monótono paisaje mediático dondequiera que uno vaya. Entre diarios de cierta difusión, la única excepción que he encontrado personalmente hasta ahora ha sido El País, de España, que si bien tiene una línea editorial de izquierdas, que se refleja en cierto sesgo en los reportajes, por lo menos presenta una palpable diversidad de puntos de vista en las columnas de opinión. (Un mismo día, con algo de suerte uno puede leer a Noam Chomsky y a Pedro Schwarz). Y es evidente que los medios que demuestran una excepcional pluralidad no lo hacen por obligación impuesta por gobierno alguno sino porque han identificado un público que se lo agradece. Es decir, si lo que queremos son medios plurales, hagámonos merecedores de ellos: demostremos que podemos debatir y contrastar opiniones de manera civilizada. Si no podemos hacer eso (echen una mirada a las secciones de réplicas a las columnas de opinión en el diario El Comercio para tomarle la temperatura al "debate civilizado" en este país, donde "disputar" parece que se entiende como "sacarle la puta"), difícilmente saldrán diarios para satisfacer una necesidad, al parecer, inexistente. (O si salen, serán diarios "públicos", es decir, que apenas nadie lee, como El Telégrafo). Es difícil evitar que las tendencias ideológicas enfrentadas se balcanizen, en los medios como en todo: lo mismo pasa en el mundo bloguero, donde es raro que un socialista se cruce con un liberal, y menos todavía que le trate con algo de civismo. Al final, tal vez sea cierto que cuando los socialistas hablan de pluralismo, se refieren a una gama de tendencias que abarca desde Castro hasta Chávez, "con toda la diversidad de posiciones intermedias posibles".

Olvidémonos, entonces, del canto de sirena del Primer Mundo, donde aparentemente el problema que hemos identificado no ha sido solucionado. Aceptemos como posibilidad que donde otros han fracasado, el Congresillo de Ecuador está a punto de triunfar. Echemos un vistazo a lo que se plantea.

En primer lugar, aunque haya diferencia de criterios sobre la manera de imponer tal exigencia, el texto de la Futura Ley (con inspiración constitucional, evidentemente) hace hincapié en que la información transmitida por los medios debe ser "veraz" y "contrastada". En el caso citado arriba, de una anécdota callejera reportada por un bloguero, es evidente que un diario como El Universo tendría entonces la excusa perfecta para hacer lo que ya hace, es decir no informar sobre el suceso: pues el dato no ha sido verificado. Del mismo modo, podría escoger no informar sobre atropellos más graves, alegando que no existen pruebas contundentes. Cualquier acontecimiento que sea molestoso para su prejuicio editorial se podrá desestimar de tal forma, pues es raro que para una noticia fresca exista la posibilidad de verificarla y contrastarla más allá de cualquier duda (ello es especialmente cierto en el caso de las noticias internacionales, que suelen venir a través de agencias cuya fiabilidad estaría siempre abierta a impugnación interesada). De tal modo, el diario o el canal que silencie ciertos hechos lo podrá hacer "a lo patriota", alegando que no hace más que satisfacer los escrupulosos requisitos legales y gubernamentales al respecto, y que aquella competencia que sí publica tal o cual escándalo, lo hace de modo irresponsable y hasta sancionable. Posible resultado: unos medios castrados, y un público tal vez menos víctima de mentiras, exageraciones y distorsiones, pero también radicalmente menos informado.

En segundo lugar, la propuesta central de la Futura Ley es de que el Estado controle la actividad mediática a través del mecanismo de la "responsabilidad ulterior", es decir, a través de la amenaza de cierre del medio en caso de que la información no sea del agrado de los gobernantes, lo que en la práctica equivale a una censura mucho más eficaz que la tradicional, pues cualquier medio estará obligado a autocensurarse antes de publicar cualquier noticia u opinión, por si ésta incurriese en "atentado contra el orden constitucional" (frase cuya exquisita imprecisión la convierte en arma gubernamental idónea para el caso). Ahora, es evidente que dondequiera el Estado se haya hecho con el control de la información, allí no ha habido pluralismo, ni riqueza informativa, ni justicia hacia los más oprimidos, ni objetividad, ni iniciativa periodística, sino todo lo contrario. Hablemos de Cuba, de la España del Franquismo, de la antigua Unión Soviética, de la China. La nula libertad de expresión (y por ende, la ausencia de democracia) que ha habido en esos países es directamente imputable al control estatal sobre la actividad mediática. Lo primero que hacen todos los dictadores es deshacerse de la oposición; y esta Futura Ley ofrece un mecanismo inmejorable para aniquilar a la oposición mediática. De hecho, habría que ser muy ingenuo para buscarle cualquier otra razón de ser.

En señal de esto último, la extraordinaria confusión que resulta cuando los promotores de esta Ley intentan defenderla más allá de la burda retórica - incluso cuando un escritor a veces persuasivo como Xaflag toca el tema (curiosamente, los opinadores de El Telégrafo apenas hablan de otra cosa últimamente, y es excusado decir que siempre para promocionar el dichoso proyecto). En el artículo de hoy, por ejemplo, arranca con un párrafo introductorio en que indica de manera lapidaria que lo que dicen los MCP (ver nota arriba) al respecto de la Futura Ley y sobre la libertad de expresión "es falso". Muy bien, piensa el lector, ahora vienen los argumentos fundamentados que sostendrán tal discrepancia. El párrafo siguiente comienza también de modo ejemplar, proponiendo un ejercicio de definición de términos en aras de la claridad: "Empecemos por definir la libertad de expresión." Luego discurre:

Para los MCP, la libertad de expresión se reduce a su derecho de expresar la información que consideren pertinente y su opinión. Este concepto de libertad de expresión es diminuto y sesgado. Para refutarlo, nadie mejor que esa entidad que los propios MCP invocan, a ratos, en su auxilio: la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la misma Opinión Consultiva OC/5 tantas veces citada para criticar (con razón) la exigibilidad de título para ejercer el periodismo, la Corte estableció que la libertad de expresión tiene una dimensión social que implica “un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno”. Este “derecho colectivo” no se satisface cuando solamente las leyes del mercado regulan la libertad de expresión ...

¿Me habré perdido algo? ¿No decía que iba a definir la libertad de expresión? En lugar de eso, lo que hace es definir "un concepto de libertad de expresión diminuto y sesgado" que atribuye a los MCP (a mi parecer de modo deshonesto: creo que tendría bastante dificultad en proporcionar una sola cita de algún medio importante del país que asevere que la libertad de expresión atañe únicamente a los medios privados). A continuación, cita a la Corte Interamericana (entidad al parecer infalible, pues no opina sino "establece") en el sentido de que la libertad de expresión "tiene una dimensión social". Muy bien, pero decir que tiene una "dimensión" de cualquier índole no equivale a una "definición", a pesar de la similitud de las palabras. Si yo, por ejemplo, digo que la religión tiene una dimensión social, ¿acabo de definir lo que significa para mí la palabra religión? Evidentemente, no; y así, nos quedamos sin saber lo que entiende XF por "libertad de expresión": sólo sabemos, esto sí, que para él, tal libertad está de algún modo inextricablemente ligada con un correspondiente "derecho colectivo" a "recibir información". Ahora bien, yo tengo serias dificultades filosóficas con cualquier concepto de derecho cuyo disfrute por parte de unos presuponga una obligación activa por parte de otros (en este caso, la obligación de informar), pero no nos hace falta ahondar tanto, pues aunque aceptemos tal "derecho colectivo", veremos que no le ayuda en absoluto a demostrar lo que quiere demostrar:

Este “derecho colectivo” no se satisface cuando solamente las leyes del mercado regulan la libertad de expresión porque, para decirlo con palabras de Luigi Ferrajoli, en esa circunstancia “el pensamiento, la opinión, la información, se convierten en ‘mercancías’ cuya producción se vincula a la propiedad del medio de información y a las inserciones publicitarias: por lo tanto son bienes patrimoniales, en vez de derechos fundamentales”. Ferrajoli denomina a este hecho, “la confusión conceptual entre libertad de información y propiedad privada de los medios de información”.

En primer lugar, no se ha establecido la necesidad de "regulación" alguna de la libertad de expresión; el hecho, en que todos podemos coincidir, de que no hay actualmente suficiente libertad no conlleva la necesidad de "regularla"; algunos diríamos que más bien ese hecho sugiere todo lo contrario, que habría que suprimir las regulaciones y limitaciones existentes. Pero en fin, quedémonos con el falso dilema: "regulación" por cuál sistema, ¿leyes de mercado o Ley del Estado? Para ayudarnos a decidir, otro concepto falaz, pero esta vez clave: el mercado "puro", sin intervención estatal, es lo que convierte a las opiniones y a la información en "mercancías"; en cambio, con esa benigna intervención legal, dejan de serlo y se convierten en "derechos fundamentales".

En realidad, más allá de las etiquetas, ¿cambia algo?

¿Realmente es la ausencia de regulación estatal lo que hace que las informaciones y opiniones sean mercancía, en el sentido de que haya algunas personas que (por ejemplo) cobran por la expresión de su pensamiento en una columna de opinión, lo cual a veces conlleva etiqueta de precio en la portada del diario? Y si es así, ¿cómo explicar que precisamente en los países donde menos se regula la comunicación desde el Estado, hay más personas que difunden noticias y opiniones a través del Internet sin ánimo de lucro? Serán tan ingenuas estas personas, que no se han dado cuenta de que sus opiniones son "bienes de patrimonio" y que tienen un precio? O hagamos otra pregunta: ¿será tal vez verdad que a mayor regulación estatal de la comunicación, mejor protección de ese supuesto derecho colectivo a recibir información? Los habitantes de países con regimen de dictadura, ¿tienen más acceso a la información? Sólo hace falta formular tales preguntas para ver el absurdo de la posición que sostiene XF. Una cosa es elevar un desideratum retóricamente a la categoría de "derecho", colectivo o no, por lo que tiene de bonita la palabra, y muy distinta cosa es hacer extenso el disfrute de ese supuesto derecho mediante un mecanismo adecuado, sobre todo cuando uno ha excluido de entrada como inadecuado el laissez faire del mercado. Y desafortunadamente, a falta de ese mecanismo alternativo, arremeter contra el mercado es un poco como arremeter contra la Ley de la Gravedad, y prometer nuevos derechos es prometer pastel celestial. Pues al fin y al cabo, ese "mercado" tan denostado, en el campo de la comunicación es lo único que impulsa el libre acceso a la información. Decir eso no es quedarse ciego ante los abusos y las falencias de la situación actual, ni resignarse ante ellos; es un simple reconocimiento de lo obvio, es decir, de que cualquier actividad humana, incluída la difusión de información y opiniones, requiere de incentivos, y de que hasta la fecha no se ha descubierto mejor incentivo que la remuneración. Por ende, si queremos ser informados y tener acceso a diversidad de opiniones, hay que aceptar que todo esto tiene un precio. (Se supone que el mismo Xaflag acepta esto, si es que cobra por sus colaboraciones en El Telégrafo.)

Ahora, ¿es cierto que todo lo que tiene un precio se puede llamar "mercancía", y deviene en "bienes patrimoniales"? En absoluto, pues mercancía es aquello que aparte de tener precio, es sujeto a apropiación; y existe toda una categoría de productos que se "venden", pero no son propiedad de nadie: tradicionalmente se llaman "servicios". Por ejemplo, si voy al médico y me diagnostica un cáncer, ¿tal diagnóstico es una mercancía que me acaba de vender? (Se supone que en caso afirmativo, el mercado para este tipo de mercancía no se vería muy pujante.) En realidad, lo que le estoy pagando es un servicio: antes y después de tal transacción, mi patrimonio de bienes no ha registrado cambio alguno. Ahora, si bien es cierto que las producciones periodísticas y mediáticas están sujetas a ese nefasto concepto legal de "propiedad intelectual" (entelequía innecesaria y altamente dañina: piense en todos los medicamentos salvavidas que no se comercializan a un precio competitivo de libre mercado por el hecho de que se ha registrado la patente), en la práctica esto tiene poca relevancia para nuestro argumento; el tema es que las informaciones y las opiniones no son un "bien patrimonial" sino un servicio que ahora mismo se incentiva mediante retribuciones a los periodistas de los diferentes medios. Ahora, si se aprueba una Ley que regule los medios, ¿cambia ese hecho? En absoluto. La Futura Ley no propone que los periodistas dejen de cobrar por su labor; por tanto, decir que lo que antes era "mercancía" dejará de serlo es ridículo. Si soy vendedor de pollos (esa actividad tan innoble según valiosas indicaciones del Presidente), y aprueban una Ley que especifique que los pollos vendidos deben de pasar por algún tipo de control sanitario, ¿el pollo que vendo ya no es mercancía? Y si viene alguien y asegura que todo el mundo tiene derecho a comer pollo, y no cualquier pollo sino el mejor de lo mejor, el pollo veraz y contrastado (no se rían: acá en Durán anuncian Pollo Vigoroso), ¿deja entonces de ser mercancía por ese simple hecho? El lector dirá.

En realidad, es evidente que ni Xaflag ni los propulsores de esta Ley han descubierto ningún mecanismo que pueda sustituir a las "leyes del mercado": lo que realmente quieren no es sustituirlas sino controlarlas. Por tanto, dejémonos de grandilocuencias. Controlar un mercado de servicios no es transformar "bienes patrimoniales" en "derecho colectivo". Es simplemente eso, controlar: ponerse a observar algo, sin necesariamente entender su funcionamiento, y reservarse el derecho de intervenir y "corregir" cualquier cosa que no nos parezca bien.

Las garantías que debe contener esta adecuada regulación incluye la prohibición de monopolios y oligopolios, la distribución equitativa del espacio radioeléctrico, la creación de medios públicos y comunitarios, la protección a la libertad y la independencia de los periodistas (reserva de fuente, cláusula de conciencia), la promoción de mecanismos de autorregulación, el establecimiento del defensor del público y de mecanismos de rectificación o respuesta.

En esta curiosa letanía, que cuidadosamente evita lo central de la Ley propuesta, es decir la "garantía" de que el Estado puede multar o clausurar los medios que le resulten incómodos, se aprecia tanto un genuino deseo de mejorar la calidad de los medios nacionales, como una llamativa excentricidad respecto a los mecanismos más apropiados para conseguir tal fin. Por ejemplo, si el Estado "promociona mecanismos de autorregulación" mediante una Ley como la propuesta, ¿podrá llamarse el resultado autorregulación en realidad? En cuanto al defensor del público, bienvenido sea, pero de lo que he visto en diarios que sí lo tienen (por ejemplo, El País), su papel no es demasiado relevante; es apenas más que un adorno (y que sea el Estado precisamente quien impusiera "defensores" del público lector no dejaría de ser una atroz ironía). Ahora bien, convengamos en que con la mejor voluntad del mundo, dentro de lo enumerado está prácticamente todo lo que teóricamente se podría hacer desde el gobierno, desde la legalidad, en cuanto a mejorar la calidad de los medios. Eso no significa que sea lo único que se puede hacer, ni que realmente, de implementarse tales reformas, se vería alguna diferencia: significa que lo que sí se puede hacer, que es mucho, no pasa por ninguna legislación, sino que depende de nosotros, de la gente, que somos no solamente consumidores de información y de opiniones, sino también, en mayor o menor medida, productores de las mismas. Cualquier mejora en la calidad del producto que se ofrece pasa por una combinación del agudizado criterio del consumidor (lo que derivaría en un debate sobre la educación) y la libre competencia: como ya hemos visto, lo único que impulsa a los diarios como El Universo a publicar noticias que no favorezcan su línea política es la consideración de la credibilidad, y eso depende de que exista libertad para otros medios competidores, para que la noticia rechazada por unos sea recogida por otros, en detrimento de la credibilidad de los primeros. Por eso es llamativo que entre sus recomendaciones Xaflag incluya la "prohibición de monopolios y oligopolios", aparentemente sin darse cuenta de que tanto el texto constitucional vigente como los pronunciamentos de los impulsores de la Futura Ley otorgan un monopolio efectivo al Estado: monopolio, para empezar, de "la verdad", por no hablar de el de la fuerza y del poder de decisión respecto a la continuidad de cualquier medio. De tal manera que, al amparo de una Ley como la propuesta, el estímulo de la competencia en ciertos ámbitos dejará de existir, y es fácil ver adónde eso nos lleva: cualquier gobierno en el futuro, y no necesariamente uno socialista, podrá aprovechar esta Ley para definir el marco del discurso "aceptable", fuera del cual simplemente no existirá la posibilidad de comunicar nada sin incurrir en peligrosas ilegalidades.

En resumen, lo que veo en el citado artículo es lo mismo que lo que el artículo critica: una peligrosa confusión conceptual. Primero, referente a la libertad de expresión, que se propone definir y no define excepto en términos de lo que no es; segundo, entre tal libertad, que se supone consustancial a la naturaleza humana, y un "derecho" dadivosamente concedido por el Estado, el cual realmente no tiene nada que ver: es decir el "derecho a recibir información" (que sí lo tenemos, pero consiste esencialmente en el derecho a no sufrir censura por parte de los "sospechosos habituales", es decir, del mismo Estado; por tanto, lo único que puede y tiene que hacer el Estado en pro de ese derecho es no interferir en el proceso de comunicación). Tercero, referente al tema de lo que es en sí la comunicación bajo un regimen de libre mercado: el uso de términos como "mercancía" (eso sí, prestados a otro autor) tiene la pinta de ser una hábil maniobra retórica destinada a desacreditar el liberalismo del mercado sugiriendo que bajo tal sistema "todo tiene precio y nada tiene valor", lo cual como hemos visto es falso, pues paradójicamente los países donde más se acerca a un libre mercado son los que más pueden hacer alarde de la generosidad "sin ánimo de lucro" de sus habitantes a todo nivel, sin exceptuar el de la comunicación; y en todo caso, sugerir que un simple acto de regulación transforma las "mercancías" en otro cosa es descabellado en extremo. Pero lo esencial que hay que señalar es esa creencia, que más parece instinto, de que la solución a todo problema humano pasa por crear mejores leyes, prohibiciones, restricciones y sanciones cada vez más exquisitas, hasta que por fin las demás personas empiecen a comportarse como yo prefiero. Es el instinto de quien, cuando tropieza en un hueco en la calle, en lugar de maldecir su propia torpeza, maldice el Municipio local por no haber pavimentado mejor las calles. O si prefieren, es el instinto de quien siempre tiene a flor de labios esa frase tan manida, debería haber una ley contra esto.