El bosque (1)

Me sorprendió encontrar en el blog de Xavier Flores (xaflag o XF en lo sucesivo) una contrarréplica bastante detallada a este artículo que a su vez pretendía contestar a uno anterior suyo. Aquí va, en aras de la dialéctica, un contracontrarréplica (o tal vez lo correcto sería: una requetecontrarréplica). Tendrá que ser necesariamente larga: no dispongo de tiempo para hacer una corta. Siguiendo, entonces, la estructura de argumentos propuesta:


Antecedente necesario:

XF: "una regulación que incluya “la prohibición de monopolios y oligopolios, la distribución equitativa del espacio radioeléctrico, la creación de medios públicos y comunitarios, la protección a la libertad y la independencia de los periodistas (reserva de fuente, cláusula de conciencia), la promoción de mecanismos de autorregulación, el establecimiento del defensor del público y de mecanismos de rectificación o respuesta” es mucho mejor escenario para el derecho a la libertad de expresión (entendido ese derecho, dicho en breve, en su doble dimensión de derecho de expresarse y derecho de informarse) que el escenario que propone la ausencia de regulación o, lo que es lo mismo, el sometimiento a las reglas del libre mercado."

Comentario: el diablo (como se suele decir) está en los detalles. Cada una de estas propuestas persigue, a mi modo de ver y por separado, un fin loable: supongo que a nadie le gustaría vivir bajo un monopolio de los medios informativos, del mismo modo que a todos nos interesa la posibilidad de rectificar informaciones falsas que nos atañan. Tanto es así, que la legislación de muchos países, supongo que incluso de este país, ya contempla estos puntos. No tengo tanta familiaridad con las leyes ecuatorianas, pero sí la fuerte sospecha de que ya existe, para quien se halle difamado en algún medio de comunicación, recurso legal para exigir tanto una rectificación pública como una indemnización adecuada (el hecho de que también existan en este país trabas de índole práctica, económica o administrativa para el cumplimiento de éste o de cualquier otro derecho teórico es un tema aparte). También me sorprendería mucho si la reserva de fuente para los periodistas no estuviera ya garantizada por la ley vigente. Son dos ejemplos de propuestas que no tendrían que suscitar ninguna controversia, aunque tal vez resulten redundantes en la práctica si ya existen leyes al respecto. En el caso, como mínimo, de la reserva de fuente, diria que se trata de una propuesta positiva de protección (del periodista) contra el Estado, en el mismo sentido que, por ejemplo, la First Amendment en EEUU propone proteger contra los excesos de un hipotético gobierno autoritario que busque restringir la libertad de prensa. Como tal, es de suponer que tal propuesta, si aparece en el documento final, se desvirtuará de algún modo: "se garantiza la reserva de fuente a menos que se trate de temas de seguridad nacional" o algo así. Ya veremos.

Pero volvamos a esos dichosos detalles. ¿Qué puede hacer la ley, por ejemplo, en aras de impedir la formación de monopolios u oligopolios? Step forward, Rolando Panchana. Según el texto de su primera propuesta, se perseguiría dicho fin prohibiendo a los extranjeros y a los banqueros ostentar la propiedad de un medio de comunicación. Lo tocante a los extranjeros es simplemente impresentable, xenofobia institucional pura; en cuanto al apartado de los banqueros, me resulta difícil pensar en una propuesta legislativa más claramente "con dedicatoria"; sólo haría falta, a estas alturas y con tamaños antecedentes, un proyecto de ley impidiendo ciertas modalidades de contratación a magnates bananeros gordinflones y apingüinados. Seamos serios. No es que los magnates mediáticos "extranjeros" me caigan especialmente simpáticos (de joven, pasé una noche en una comisaría londinense por increparle irrespetuosamente a Rupert Murdoch) pero se supone que cualquier justicia que se precie debe de ser ciega, y establecer clases de personas con distinto grado de aptitud para ostentar propiedad de medios de comunicación huele a neonazismo. En todo caso, con el tema de los monopolios hay que ir con pies de plomo: no porque exista alguna duda respecto a lo nefasto que resultan (con la posible salvedad de los llamados monopolios naturales, aquí irrelevante), sino porque, por lo menos desde un punto de vista liberal, estamos mal acostumbrados a resignarnos ante monopolios de diverso género ostentados por el Estado, que no por tratarse del Estado dejan de ser nefastos; y si, por ejemplo, un Estado que ya goza del monopolio del derecho de emitir cadenas propagandísticas en la televisión decide que, para evitar cualquier supuesta amenaza de oligopolio privado, es "lamentablemente" necesario expropiar a algún que otro medio y transformarlo en otro vocero estatal más, entonces el problema que se pretende evitar se agudiza: saltamos de la sartén al fuego. Por tanto, y en vistas de que la amenaza de un monopolio privado en este país no se aprecia como un problema precisamente acuciante, cualquier legislación al respecto debería partir del supuesto de que el mayor peligro de monopolio proviene del Estado; ahí hablaríamos. (Sobre este último punto, en el ámbito mediático, supongo que no hace falta insistir, con el ejemplo de Cuba casi a la esquina.)

En general, y resumiendo, lo que me resulta problemático no es el fin que se busca con dichas propuestas, sino el resultado previsible de una legislación que pretende perseguir fines admirables mediante procedimientos, en la práctica, represivos y autoritarios, sin tener en cuenta siquiera la posibilidad de que tales fines se podrían conseguir con mayor eficacia por otras vías. Que se ponga la legislación ecuatoriana mediática al día a través de (se me ocurre) la supresión de absurdas sanciones contra el irrespeto a la dignidad presidencial, vale. Que dentro de este proceso de puesta al día entren propuestas tan anodinas como el establecimiento de un "defensor del público", supongo que no tendría que preocupar a nadie (aunque sigo manteniendo que no serviría para mucho). Pero, como muy bien sabe XF, el debate hasta hoy no ha girado en torno a estas propuestas concretas, sino en torno a otras mucho más preocupantes, como puede ser la exigencia de titulación a los periodistas, o el establecimiento de un Concejo con poderes draconianos y control partidista, o la creación de un registro de medios, o la posibilidad de sanciones que incluyen multas y clausuras de medios, basadas en exigencias tan sujetas a interpretación interesada como "veracidad", "pluralidad", o la supuesta necesidad de evitar "conmoción social". Si bien es cierto que hubo un acuerdo interpartidario sobre la inaplicabilidad de la sanción de clausura de medios, el tiempo demostrará si tal acuerdo sirve para algo: en todo caso, lo sucedido estas Navidades con Teleamazonas sí demuestra que incluso sin Ley de Comunicación aprobada de por medio, las instancias estatales encontrarán fácilmente la manera de salirse con la suya en este sentido, y lo seguirán haciendo en la medida en que no exista una oposición fuerte, o que no existan claras límites legales o constitucionales al respecto. Como ya comenté hace tiempo en este blog, para el liberal una Constitución es, o puede ser en teoría, un arma del ciudadano contra las tendencias acaparadoras del Estado: la ecuatoriana ha resultado ser cualquier cosa menos eso. (Una de las razones de este fracaso la mencionaré más abajo).

Antecedentes innecesarias

Tal vez me estoy arremetiendo contra un molino. XF no ha dicho. en ningún lugar donde yo haya visto, que apoya la clausura de medios como sanción o que cree que el registro obligatorio de medios es cosa buena. Pero llama la atención (por lo menos, la mía) que tampoco ha dicho lo contrario. Se ha pronunciado en contra de la clausura temporal de Teleamazonas, y en contra de la exigencia de titulación; lo demás, mutis (repito: hasta donde yo haya leido. Sobra decir que no estoy seguro de haber leido todo lo expresado por él sobre este tema). Le pregunté hace días, en el apartado de comentarios a su entrada de blog, si apoyaría la clausura de medios en una eventual ley, y hasta la fecha no ha habido respuesta.

"Denominador común"

De este breve apartado saco lo siguiente con efectos de destacar un evidente desacuerdo teórico: "la primera pregunta se relaciona con el llamado derecho a la información, que no es sino la dimensión social de la libertad de expresión" . Ahí discrepamos. No veo necesario ni útil postular tal "derecho a la información". Como dice que para él, tal derecho es "la dimensión social de la libertad de expresión", se podría intuir un razonamiento más o menos así:

Toda comunicación necesita de un emisor y de un receptor.
El derecho de la libertad de expresión implica el derecho a la comunicación.
Si tenemos derecho a ser emisores de un mensaje (a comunicar), ello implica que también tengamos derecho a ser receptores, es decir, tenemos derecho a que se nos comunique algo, por ejemplo, información.

La falacia de tal razonamiento se vuelve más evidente si se establece una analogía con el derecho a dejar tu propiedad en herencia. El hecho de que cualquier persona tenga el derecho de decidir a quién deja sus cosas, no implica que cualquier persona tenga derecho a recibir una herencia ("señor juez, mi vecino recibió de su difunto padre $10.000, y el mío cuando murió no me dejó nada. ¡Injusticia!"). Lo único que implica es que si te dejan algo, tienes derecho a disponer de ese algo sin que nadie venga a quitártelo. De igual modo, el que todos tengamos derecho a comunicar (lo que incluye informar) no implica que todos tengamos derecho a que se nos comunique algo, o que se nos informe; sí implica, en cambio, que tenemos derecho a recibir (si queremos) sin trabas ni obstáculos cualquier información que se nos vaya dirigida, de modo individual o colectivo. Ahora, en el mundo real, ¿quién tiene la posibilidad de interferir en este proceso de comunicación libre e interpersonal? Se supone que tal pregunta ha de ser puramente retórica en un continente cuyo desarrollo, a lo largo de las últimas décadas, se ha visto obstaculizado por regimenes dictatoriales militares, que como no podía ser menos han imposibilitado la libre difusión de información y de opiniones hasta donde han sabido, siempre a través de una represiva maquinaria estatal. Que la amenaza controladora (como XF la llama) del Estado sea vista, por tratarse de Ecuador o por tratarse del siglo veintiuno, como una irrelevancia, una quimera, hasta el punto de desestimar cualquier preocupación al respecto como señal de protervos intereses mercantiles (lo suelen hacer algunos compañeros de XF en las columnas de El Telégrafo), no sé si atribuirlo a ingenuidad o a otro motivo; pero me parece poco realista, sobre todo tratándose de un gobierno como el actual.

2.1 Pluralidad de voces

Se me acusa de no presentar "pruebas" de que "los medios que demuestran una excepcional pluralidad no lo hacen por obligación impuesta por gobierno alguno sino porque han identificado un público que se lo agradece". Es cierto. En cambio, sí especifiqué (en la frase anterior a la citada) un ejemplo concreto de tal fenómeno, el del diario El País de España. El lector (o el propio XF, si quiere) me explicará desde cuándo ese diario se ha visto obligado por el gobierno de ese país a admitir voces plurales y de diferente criterio en sus páginas de opinión, y por cuál extraño fenómeno otros diarios del mismo país (se me ocurre: ABC o hasta su no lamentada difunción, El Alcázar) se han excusado impunemente de cumplir con tal supuesta obligación gubernamental. Un ejemplo no es una prueba, es cierto; sin embargo, si XF quiere argumentar en contra de una generalización sostenida por un ejemplo, creo que le daría más fuerza a su argumento proporcionar un contra-ejemplo, es decir, que me cite un ejemplo de un medio que demuestre una excepcional pluralidad y que lo haga obligatoriamente por existir leyes a tal efecto. A mí no se me ocurre ningún ejemplo conocido de tal fenómeno: tal vez a él sí.

Lo que sí hace en pro de su argumento es emplear su recurso más habitual que es la cita textual de supuestas autoridades. En este caso, a Hugo Aznar y a Roberto Gargarella. Pero antes de entrar de lleno en los argumentos que éstos presentan, que son interesantes, detengámonos ante esto:

"Para fundamentar semejante “evidencia” no presentas ninguna prueba: ningún dato que evidencie que las leyes del mercado, por sí solas, provocan esa “excepcional” pluralidad. En realidad, la competencia, en el marco de las leyes del mercado, suele estar distante de provocarla. "

Aquí XF me atribuye un pensamiento que no es el mío. Al contrario, si califico la "pluralidad" de ciertos medios como "excepcional", el uso de este calificativo implica que no creo que sea consecuencia necesaria del sistema económico bajo el cual operan; si no, serían la norma y no la excepción. El párrafo original aclara que no se puede esperar que las leyes del mercado fomenten por sí solas la producción de algo "para el cual no existe mercado", es decir, algo impopular. Si queremos medios plurales, entonces, en un sistema de mercado tendríamos que convencer a más consumidores de las ventajas que éstos ofrecen ("hagámonos merecedores de ellos"). La opción de imponer la pluralidad "desde arriba", "a la fuerza", no me convence por varias razones, entre ellas precisamente la mencionada, que no he visto caso alguno en que tal empeño haya dado resultados esperanzadores.

La cita de Hugo Aznar se puede resumir en dos objecciones al sistema de mercado: "homogeneización" y "adecuación al nivel más bajo de la audiencia" (se habla en este contexto de telebasura). Convengamos en que los dos fenómenos son realidades observables. Entonces cabe preguntar: ¿cuál es el rasero que utilizamos para medir el alcance de estos fenómenos? Estamos comparando los medios de un sistema económico, el de libre mercado, con los de otro sistema económico distinto, por ejemplo, el socialista? En tal caso, anticipémonos a otro argumento posterior del propio XF, en el sentido de que no existe consenso sobre lo que constituiría un ejemplo adecuado de un sistema de puro libre mercado; pues si yo pongo como ejemplo de un medio "socialista" o "no de libre mercado" el Granma de Cuba o el Pravda de la antigua URSS, me va a objetar igualmente que mi elección de ejemplos es sesgada y maliciosa, y no es "ese tipo de socialismo" el que se debe tener como referente. En todo caso, no creo que la experiencia del socialismo real nos haya proporcionado mucho, que digamos, en la línea de medios de comunicación ejemplares, siquiera superiores, en cuanto a diversidad, pluralidad de voces o altura intelectual. En cambio, lo que sospecho es que la comparación que realmente viene implícita en etiquetas como telebasura y jeremiadas contra el dumbing down no es entre sistemas económicas distintos sino entre un pasado tal vez ligeramente idealizado y un presente a todas luces decepcionante. La prensa amarilla siempre ha sido amarilla, ¡pero ahora es amarillísima! Lo que (descartando el efecto de la nostalgia) bien puede ser cierto; en cuyo caso la culpa no sería del libre mercado, que (por lo menos en algunos casos) no se ha vuelto notablemente ni más ni menos libre que en ese añorado anteayer, sino en otros factores, entre los que postularía dos en especial: primero la crisis educativa, que merecería tratamiento aparte, y segundo, algo que en otro lugar XF admite como desideratum, v.gr. la democratización (relativa) de dichos medios. La BBC que yo recuerdo cariñosamente de mi infancia, aquélla que tomaba en serio (a diferencia de hoy) su tarea de contribuir al acervo cultural del país, era, hay que decirlo todo, descaradamente elitista y excluyente, hasta el punto de que hasta hace poco decir BBC English era decir RP (Received Pronunciation), o sea, era un modo de referirse a esa forma de hablar patricia de los miembros de la clase media-alta del sureste de Inglaterra: no fue hasta los ochenta que un acento escocés se podía escuchar de parte de un periodista de la BBC (y el acento de Liverpool probablemente seguirá siendo demasiado fuerte para ellos). En todo caso, como en Gran Bretaña tal proceso de democratización de los medios nunca llegó demasiado lejos, miremos otro ejemplo. En España, la llamada Transición de dictadura a democracia a finales de los setenta es recordada por muchos (con nostalgia o sin ella) como la época del "destape", es decir cuando se empezaron a producir películas en tierra propia que antes sólo los afortunados podían ver cruzando la frontera hacia Perpignan; películas que tenían esa especial propiedad, que en ellas se destapaban literalmente los encantos de la actriz principal, y en muchos casos no tenían mucho más razón de ser que ésa. Ese regimiento monstruoso (traducción de Knox intencionadamente defectuosa, por ser más divertida) de mujeres destapadas luego invadió los medios de comunicación: ahora se lo puede contemplar vivito y coleando en Interviú. No faltaron, ni faltarán, las voces que aseveren que los medios de ahora de tal país, en comparación con los de antes, son frívolos e inmorales. Pero todavía es mejor un medio frívolo que un diario que (lo tengo de buena fuente) venía bajo el franquismo con un artículo físicamente cortado, con tijeras, de la primera página por acción del censor. ¿Por qué? Porque un público, cuando es mercado y es libre, puede (como hasta cierto punto sucedió con el español, pasada la efervescencia de la primera Transición) volverse más exigente; un público en un regimen antidemocrático no tiene esa posibilidad, pues se tendrá que conformar con el nivel de luces y de sombras preestablecido por el regimen. En resumen: si con el libre mercado viene la basura, bienvenida sea esa basura si dentro de ella por lo menos queda la posibilidad de encontrar alguna sorpresa agradable; mil veces preferible esa basura a la maloliente limpieza del autoritarismo.

¿Falso dilema? Aceptemos que las propuestas, como decía, a mi modo de ver anodinas de XF, no constituyen, ni mucho menos, una apología de la censura y de la represión. Pero creo que lo que planteo es el dilema real que se presenta cuando desde el gobierno se habla de establecer registros de medios y cuando el Estado se autoadjudica la potestad de clausurar medios por el no cumplimiento de normas arbitrarias que viertan sobre conceptos como "el orden constitucional" o "la seguridad del Estado". Es decir (aclaremos de una vez) no pretendo argumentar en contra de esas propuestas concretas que presenta XF, sino en contra de la necesidad o de la aconsejabilidad, en esta coyuntura, de una Ley de Comunicación que, con o sin tales propuestas progresistas, inevitablemente en mayor o menor medida servirá para facilitarles la tarea a unos gobernantes que según todas las evidencias disponibles (entre ellas la clausura de Teleamazonas y de Radio Arutam) sí pretenden instaurar un regimen represivo, un regimen de censura de facto y de marcado signo autoritario. Este es "el bosque" a que me refiero en el título (la referencia es a una anécdota que el propio XF cándidamente nos ofrece acerca de un comentario de su bête noire favorita, Emilio Palacio.)

Se me ha hecho tarde: continuaré a ser posible mañana.