Hijo del Bosque

4.2) Sobre tu crítica a las garantías que propongo como “mecanismo alternativo”.

XF: "Tu respuesta al respecto es, en principio, evadir su discusión, porque sostienes que esa enumeración de garantías “cuidadosamente evita lo central de la Ley propuesta, es decir la ‘garantía’ de que el Estado puede multar o clausurar los medios que le resulten incómodos”. Te diré, en principio, que nunca he considerado que el Consejo aquel tan polémico sea “lo central” de la Ley de Comunicación. Ha sido, eso sí, “lo central” de la paranoia de los medios de comunicación privados, una paranoia que nos revela la pobreza de la discusión que proponen sobre este tema. Lo que tú llamas “lo central” de la Ley de Comunicación es, para mí, todas esas garantías que menciono en el antecedente de esta contrarréplica."

Es cierto que no entré a discutir cada "garantía" por separado, precisamente por la mentada razón, de que no considero dichas garantías "lo central de la Ley propuesta". Volvamos al bosque. Desde que se formó el presente gobierno, la obsesión del mismo, y sobre todo la obsesión del Primer Mandatario, con los medios de comunicación ha sido una constante en la vida política del país; hasta el punto de que, como fui testigo y comenté en su momento, se interrumpió un día una emisión del programa matutinal Contacto Directo, presentado en ese entonces por Carlos Vera, con una cadena gubernamental dirigida al fin exclusivo de desprestigiar a ese periodista y a entrar en polémica sobre una afirmación suya del día anterior cuyo alcance no era en todo caso demasiado trascendental; lo cual ya demuestra una preocupante falta de sentido de proporción y, diríamos, de dignidad y altura por parte de los responsables de la misma; pero lo más grave era el contenido, en que se mostró al sorprendido espectador una fotografía de la casa del mismo Carlos Vera con una voz en off que decía con sorna algo así como "no todo el mundo puede vivir en una casa así, ¿verdad Carlos?". Ahora, cuando un gobierno se muestra capaz de intentar intimidar y silenciar a un periodista tomando fotos de su casa, y cuando ese cuidadito, sabemos donde vive lo transmiten a través de un canal nacional, para mí queda demostrado, primero que ese gobierno no tiene el más elemental compromiso con la libertad de expresión, y segundo, que es capaz de cualquier vileza (hasta podrían dar lecciones en ruindad a medios como El Universo) con el fin de procurar silenciar a sus críticos en los medios. Esa emisión orwelliana, por sí sola tengo que decir que me obligó a revisar radicalmente mi concepto anterior, bastante más generoso, en lo referente a las intenciones del gobierno de Correa en materia mediática; pero en realidad, no hay por qué quedarse con la anécdota, pues sobran los ejemplos de pronunciamientos oficiales en el sentido de que consideran como enemigos a los medios de comunicación (no a alguno en especial, sino a todos, lo cual se desprende del comentario original sobre las bestias salvajes). Ahora, con estos antecedentes, considero que habría que padecer de un grado de ingenuidad rayano en lo esquizofrénico para creer que con la Ley propuesta se persigue otro fin que no sea el de silenciar a los críticos del gobierno y/o crear un paisaje mediático dominado por voceros partidistas más o menos conscientes de su papel; es decir, de crear un entorno mediático permanentemente sumiso al poder. Es posible, eso sí, que dentro de las filas gubernamentales existan diferentes tendencias, que abarcarían por un lado a los que creen, sinceramente, que una mayor democratización de los medios lograría por sí solo el fin deseado (en el supuesto de que todas esas "voces sístemáticamente excluidas" en palabra de Gargarella estén ansiando entrar en escena para cantar las alabanzas de Su Majestad), y por otro lado a los más realistas que reconocerían la necesidad (desde su punto de vista) de medidas más coercitivas y restrictivas. Tal variedad de criterio explicaría la existencia, dentro del mismo proyecto, de propuestas más "liberales", como la garantía de la reserva de fuente, y medidas más autoritarias, como el registro obligatorio de medios. Lo que se considera "central" en el proyecto depende del criterio subjetivo de quien lo mira, pero, repito, con los antecedentes de este gobierno (encarcelación de opositores, amenazas contra periodistas y contra medios, clausuras de medios, tácticas de intimidación física) es razonable suponer que hasta la medida más aparentemente inocua puede formar parte de una estrategia destinada a acallar las voces opositoras, y suponer también que si algo hay en el proyecto que sirva para fomentar de alguna manera la libertad de expresión, está allí para contentar al ala wet del partido o para servir de señuelo, pues queda sobradamente demostrado que lo que motiva el proyecto no tiene que ver precisamente con ninguna libertad.

Por tanto, considero que es más sensato centrarse en los aspectos de la propuesta que más se prestan a abusos autoritarios, a sabiendas de que serán los más aprovechados. Entre dichos aspectos, por ejemplo, el registro obligatorio de medios, que obviamente tiene la finalidad, primero, de implantar la idea de que el ejercicio de la palabra no es un derecho innato a la naturaleza humana sino una concesión estatal, y segundo, de usar la técnica del atasco burocrático para inhabilitar medios ("su aplicación para registrarse está en trámite, pero mientras tanto, no se le ocurra publicar nada").

XF: "Para probar tu punto, citas dos de las siete garantías, la de “promoción de mecanismos de autorregulación” y la del “defensor del público”. La primera, la cuestionas (sobre este punto escribí en otro artículo, a él te remito, acá) sin mayor fundamento. La segunda, tú afirmas que “no es demasiado relevante”. Esto último es obvio: ninguna garantía por sí sola lo es, pero desechar un mecanismo de garantía porque no sea una panacea es una torpeza. "

Sobre el tema de lo que se entiende por "mecanismos de autorregulación", el artículo al cual me remite es, ciertamente, elocuente. Cito un extracto del mismo a continuación.

"Que el debate entre propietarios, periodistas y público sea el que determine los contenidos de esos mecanismos, pero que sea la ley la que establezca de manera clara que su institución no es opcional: si los medios de comunicación no los implementan debería sancionárselos con multas periódicas hasta que cumplan su obligación (lo que en términos jurídicos se llama “astreinte”). "

De modo que estamos ante una exigencia legal destinada exclusivamente a los medios, que podría incluir, por ejemplo, un código ético, un libro de estilo, un defensor del lector, etcétera. Todo lo cual suena muy bonito, pero en la práctica, sobre todo añadiéndole este toque de obligatoriedad y de coerción, es lícito especular que su efecto podría ser cualquier cosa menos el fomento de la libertad de expresión. Pongamos como hipótesis que yo decido crear un periódico "online", sobre la actualidad política, con artículos de diferentes colaboradores (estoy pensando en algo al estilo de Guayaquil Insumiso, blog que admiro desde hace tiempo, pero algo más a lo grande). ¿El hecho de que sea una publicación exclusivamente electrónica significaría que escaparía a las atenciones de las autoridades? Tal vez sí, pero tal vez no, sobre todo si llegara a gozar de cierto nivel de popularidad. En tal caso, y ante la posibilidad de multas, y a pesar del carácter voluntario y no lucrativo del proyecto, me vería obligado a crear un libro de estilo al gusto de las encuestas y a pagarle a alguien (caso de no poder contar con ayuda voluntaria en tal sentido) para que haga de "defensor del lector". No sólo eso, sino que tendría que ejercerse un permanente (y perfectamente inútil) trabajo de adecuación del contenido a las exigencias de esos manuales (de ética y de estilo) que previsiblemente, tratándose de una publicación de tendencia liberal/anarquista, no acabarán de gustar a todos mis colaboradores, algunos de los cuales ante tanta exigencia estilística pedante terminarán por desinteresarse y dejar de contribuir. Dicho de otro modo: las exigencias propuestas no tendrían por qué proporcionarles mayores dolores de cabeza a los medios más grandes, pero su existencia previsiblemente desanimará a cualquier aspirante a abrir espacios alternativos; aparte de lo cual, como ya dije en su momento, en mi experiencia sirven de muy poco. Se trata, entonces, a mi modo de ver de una propuesta discriminatoria, antiliberal y en el fondo, homogeneizante (se supone que ese "debate" a que se refiere XF, entre propietarios, periodistas y público será un debate general cuyos resultados serán aplicables a todos por igual: el contenido del manual de ética, por ejemplo, ya se servirá prácticamente escrito de antemano).

XF: "Precisamente, en interés de “nosotros” es que se instituyen esas garantías, las que no son panacea alguna (lo cual, no es óbice para desecharlas, como ya fue dicho) pero que permiten superar la idealización boba del consumidor y del productor independiente de información que atraviesa este discurso liberal y otorgarle, en la práctica, herramientas (garantías, para hablar con precisión técnica) para que la voluntad de ese “nosotros” (al que tú aludes) interactúe con los medios de comunicación (sea para sugerirle o imponerle correctivos, o para participar de ellos, como en el caso de los medios comunitarios)."

Sigo manteniendo que en la medida en que el consumidor (sea o no éste bobamente idealizado) desea interactuar con los medios de su elección, las leyes del mercado por sí solas y sin necesidad de ninguna medida coercitiva darán respuesta a tal exigencia. Por ejemplo: las columnas de opinión en la versión online de El Comercio permiten comentarios de los subscriptores; los de El Universo, no. Para mí como supongo que para XF y para muchos más, El Univoz en este sentido decepciona. Se echa de menos tal posibilidad de interactuar. Pero seguimos leyendo ese diario... ¿por qué? En el caso de XF, posiblemente con el fin de recolectar material para su próxima sátira en contra de Emilio Palacio; en mi caso, con la esperanza de poder crear elaboradas y malsanas fantasías que involucran a Gabriela Calderón, un rebenque de jinete y varias latas de frejoles en salsa de tomate; en el caso de otros lectores, ellos sabrán. Pero desde el momento y en la medida en que esa falta de interactividad llega a ser algo que influye en la elección de medio (lo que tal vez implica cierto ceteris paribus referente a otros aspectos determinantes), El Univoz tendrá que escoger entre cumplir con esta exigencia o ver menguarse su audiencia online. Así de sencillo.

XF: "Finalmente, sobre tu idea de monopolio, en realidad, no atacas el que la “prohibición de monopolios y oligopolios” sea útil para mejorar la libertad de expresión, sino que atribuyes la existencia de un “monopolio efectivo” del Estado: el monopolio de “la verdad” (¡?), el de “la fuerza y del poder de decisión respecto a la continuidad de cualquier medio”. Ese supuesto poder de decisión sobre la continuidad de los medios, como ya fue dicho más arriba, es premisa falsa."

No estoy tan seguro, sobre todo a raiz de lo sucedido con Teleamazonas estas Navidades. En todo caso, referente a ese "monopolio de la verdad", a modo de aclaración considero que se tendría que desterrar, como gesto hacia la inteligencia del público, toda exigencia en el sentido de que el contenido mediático tenga la obligación de ser "veraz", pues ello implica que haya una instancia de apelación (presumiblemente estatal) capaz de determinar la "veracidad" de todo contenido, es decir, que el Estado o sus autoridades delegadas tengan el monopolio práctico de la verdad, frente al cual otras "verdades" subjetivas estarían en relación de permanente subordinación. (Respecto a este tema, hace poco vi en El Telégrafo un artículo firmado por Orlando Pérez, que me sorprendió sobremanera al reflejar matizadamente mi propio punto de vista sobre este tema. Vaya por delante que no creo que nadie esté en posesión de "la verdad" última e inapelable sobre ningún tema. )

Uno más, y ya estaremos.