Discurso de odio

Tengo que confesarlo. Nunca, desde que Correa llegó a la Presidencia, he escuchado uno de esos monólogos que emite cada sábado desde diferentes rincones del país. Alguna vez, por curiosidad, he leído el informe que ha dado algún diario el día siguiente, destacando alguna que otra afirmación polémica; alguna vez he podido ver un extracto de pocos segundos emitido por un telediario. Pero lo que es ponerme a escuchar el evento en su majestuosa totalidad, el curro me lo impide, aunque tuviera esa morbosidad. Los sábados por la mañana tengo clase de cinco horas. Eso sí, me dan un descanso de veinte minutos sobre las 10.30, que aprovecho para hacer fotocopias y tal vez para comer algo. En esos descansos, alguna vez al acercarme al puesto de hamburguesas puedo escuchar unos segundos del discurso; hoy, por ejemplo, mientras estaba dudando entre un Cifrut y un Pepsi, escuché esto, pronunciado en esa inconfundible voz ronca, plañidera y sarcástica:

"... Alemania... en Alemania, tienen una ley (no, de naranja no, de mora)... está prohibido (¿no hay de mora?)... lo que ellos dicen libertad de expresión (¿Tampico tampoco?)... nuestro compañero Evo Morales (pues entonces dame Pepsi)..."

Con estos fragmentos voy a intentar un trabajo de detective, de atar cabos, de magnífica deducción al estilo de Sherlock Holmes, Hercule Poirot o el padre Brown. Adivino que de lo que estaba hablando Correa en ese momento era de la ley contra el discurso del odio recién propuesta en Bolivia, que ha suscitado cierta polémica, e incluso protestas de la SIP. A lo que el mensaje de Correa sería (sigo adivinando): ¿cómo pueden protestar estos señores contra ese tipo de ley, si hasta en un país tan desarrollado y democrático como Alemania hay leyes de este tipo? En cuanto al por qué de esta intervención, mi deducción sería que a Correa le interesa en este momento desacreditar a la SIP, en la línea de lo ya estrenado esta semana por sus subalternos (es sólo una sociedad de "dueños" de medios, no de periodistas), y eso, porque a partir de las críticas versadas en torno a la Ley de Comunicación y a la mordaza del 30-S, el gobierno ha de considerar a la SIP como enemigo.

Ahora bien, no sé, ni intentaré adivinar, si la incoherencia del discurso de Correa llegó al extremo de acusar a la SIP de estar "a favor" del discurso de odio. Pero no me extrañaría. Lo que sí parece es que Correa no tiene reparo en caer en la conocida falacia lógica del argumentum ad Germanicum (variante del ad crumenam), según el cual si algo se hace en Alemania (o en Francia, o en Inglaterra, o en Canadá), bien hecho ha de ser, pues ésos (se supone, aunque hay que cuidarse de decirlo con todos los fonemas) son países modelo. Yo mismo empleo ese argumento a veces, pero en sentido adversarial, es decir, si tan modélicos son esos países, cómo es que no sirven de modelo en otras cuestiones, como en tolerancia o en no injerencia estatal en el mercado mediático. En todo caso, llama la atención que Correa haya escogido el caso de Alemania (caso que se supone algo especial y sui generis, por el tema del nazismo) y no otro más socorrido como el Reino hUnDido, que también tiene leyes contra el discurso del odio, todas las que quieras, a pesar de no tener historial de masacre de judíos que sobrellevar. Tal vez fue fallo de sus asesores. En todo caso, no importa demasiado: con decir que en tal país existe tal o cual ley no se demuestra absolutamente nada respecto a la necesidad o idoneidad de esa ley. Lo único que sí pueden hacer tales referencias es ayudar a entender el por qué de su adopción. Veamos.

El discurso del odio es, sin duda, tan viejo como la humanidad. La Biblia está llena de él, hasta el punto de que casi casi se podría etiquetar como el Manual de Odio (no por excelencia, pues tal galardón se llevaría quizás con mayor derecho el Corán). Allí encontramos el odio y la intolerancia en todas sus manifestaciones, desde fulminantes condenas a los homosexuales (a los que Yahveh recomienda asesinar), hasta prohibiciones en torno a las personas discapacitadas (a quienes no se les debería permitir que se acerquen al altar, pues así "profanarían" el santuario del supercapacitado Yahveh: por cierto, si tienes la nariz "plana" o sufres de escoliosis ya eres discapacitado a tal efecto. En serio). No tendríamos que sorprendernos de tal derroche de odio e intolerancia, pues las partes más relevantes del Antiguo Testamento tienen toda la apariencia de ser documentos políticos, es decir que representan un intento de justificar los privilegios de una casta o clase social, en este caso la de los levitas o sacerdotes, que esperan conseguir la sumisión de un pueblo y el acceso a las mejores viandas y riquezas mediante tres estrategias bastante trilladas: primero, apelar a la Voluntad de un caprichoso e impredecible Dios con el que ellos tienen una cercanía privilegiada; en segundo lugar, unir al pueblo en contra de algún enemigo satanizado (los pueblos gentiles), y en tercer lugar, el viejo divide y vencerás (técnica que se basa en sembrar suspicacia, envidia y desunión entre la población para evitar que se organicen en contra del tirano). Tales técnicas han sido utilizadas a lo largo de la historia por prácticamente todos los reyes y reyezuelos y clases gobernantes o sacerdotales que en el mundo han sido, con mayor o menor fortuna según el caso. Sin olvidar que la historia humana es grandemente una historia de guerras y de conquistas, fenómenos que dependen en mayor o menor medida de la manipulación emocional en contra de tribus, razas, nacionalidades, y acaso clases sociales. Los seres humanos somos así de hijueputas y así de tontos y manipulables.

Pero si bien es cierto que las condenas de ciertos Libros Sagrados contra infieles, brujas, herejes, personas desnaturalizadas, etcétera, han sido ampliamente aprovechadas a lo largo de la historia (la mayoría de los que emplean el símil de caza de brujas probablemente no tienen idea del horrendo historial de ese término y del sufrimiento humano que yace detrás) para engrosar las estadísticas del odio humano, aún hicieron falta fenómenos como el nazismo para que un gran número de personas, a escala mundial, se definieran en contra del discurso del odio per se y a favor de la tolerancia (entiéndase por este término lo que se quiera) como principio innegociable. De ahí la relevancia de la referencia a Alemania, país adoptivo de ese austríaco cuyo nombre ahora es prácticamente sinónimo del odio destructivo. Los legisladores de ese país, sin duda, con prohibir el discurso de odio, entendido como cualquier discurso que incite al odio o a la violencia contra un segmento de la población, han querido conjurar el fantasma del nazismo y mostrar su repudio a los crímenes cometidos por ese regimen antecesor suyo. Muchos países, evidentemente, han seguido el mismo ejemplo, probablemente por motivos parecidos. Recordemos que los políticos son como los prelados, que como por lo general demuestran psicopatología aguda, están condenados a observar e imitar los descubrimientos morales de la sociedad civil con algo de retraso, es decir, cuando el mundo entero está horrorizado por lo sucedido, a los cinco, diez, veinte años los políticos se percatarán de la enormidad del "problema" y para no ser menos que las personas sentientes, querrán legislar contra lo que ya no necesita legislación: no para impedir nada, sino para demostrar que "they care".

Por lo cual, no tengo duda, por lo menos en el caso de Alemania y en otros muchos casos, de las nobles intenciones de esos legisladores. (No soy conocedor de la sociedad boliviana ni de la situación política de tal país como para presumir de juzgar los posibles motivos del nuevo proyecto de Morales.) Pero sabemos que ninguna ley se justifica por buenas intenciones, y que lo que rige en muchos países no por eso ha de ser lo correcto, ni para todos, ni tal vez para esos mismos países. Si se propone una ley, tiene que haber mejores justificaciones que las mentadas.

En el caso de cualquier ley contra el discurso del odio, creo sinceramente que esa justificación falta. A los que ilusamente creen, por ejemplo, que tal prohibición, de haber existido en la Alemania de los años 20 y 30, le habría parado los pies a Hitler, sólo puedo decirles: lean la historia de ese personaje. Tal vez de ese modo se darán cuenta de que los inicios políticos de Hitler fueron una historia de encarcelamiento (9 meses, por golpista, donde aprovechó para gestar Mein Kampf) seguido al poco tiempo de varias prohibiciones de dar discursos por parte del gobierno de Baviera, más un juicio en contra de algunos oficiales precisamente por promover la ideología nazi en el ejército, juicio en donde Hitler intervino para ganarse muchísimos más adeptos jugando la carta del denostado patriota. Es decir, leyes, prohibiciones y sanciones contra su movimiento aún en ese entonces no faltaron: lo que hizo Hitler fue aprovecharse hábilmente de su condición de forajido para fortalecer un discurso victimista y paranoico que, auxiliado por sus dones de orador, caló hondo en ciertos sectores estratégicos. Generalizando: muchas veces el simple hecho de prohibir alguna actividad les sirve a los practicantes de esa actividad a presentarse como perseguidos, mártires, o valientes luchadores por la libertad. Ejemplos no faltan: la historia de la mayoría de los grupos terroristas que hoy operan en el mundo (Hamás, IRA, ETA, Al Qaeda, etc) es una historia de injusticias grandes o pequeñas, reales o imaginarias, aprovechadas por hábiles propagandistas para afianzar su condición de víctimas y ganarse incondicionales.

Tampoco olvidemos que, mientras entre humildes ciudadanos o viles sujetos el discurso de odio puede ser eficientemente sancionado, entre políticos tal discurso seguirá campando a sus anchas, impunemente por supuesto, pues es su mayor aliado en muchas circunstancias, como tristemente demuestra a diario el actual gobierno ecuatoriano. De modo que, si prohibimos que se exprese cualquier odio a nivel de simple comentario, donde mejor aprenderemos a despreciarlo y a rebatirlo, nos quedamos indefensos ante las manipulaciones más sofisticados de los políticos, como ya argumenté en otro lugar.

No está demostrado, pues, que una ley contra el discurso del odio impida o siquiera dificulta que se produzcan crímenes de odio. (Ni, por otro lado, que se pueda reducir el índice de asaltos prohibiendo que la gente hable a favor del asalto.) Es posible que en determinados casos, tales leyes incluso sirven a los odiadores con vocación política a granjearse popularidad y simpatías irreflexivas: es decir, que su efecto sea netamente contraproducente. Sin embargo, supongamos, en pro del argumento, que por lo menos existe la posibilidad de que haya gente que, de no disponer de la opción de comunicar "legalmente" sus odios y rencores, no ejerciera la influencia nefasta que ahora ejerce. Para algunas personas, esa simple posibilidad ya justifica la legislación propuesta. Para mí, no. Siguen mis razones.

La definición de "discurso del odio" más aceptada es, como ya vimos, aquel discurso que incite al odio o a la violencia contra un segmento de la población, definido éste en términos de raza, o de otras características (según el país). En la interpretación más generalizada de dichas leyes, no hace falta poder demostrar que tal discurso haya resultado en odio o violencia de facto, pues tal demostración podría ser difícil en cuanto la defensa podría imputar falsa causalidad. ¿Cómo podremos saber, en un caso determinado, si el crimen del Sr X se debe al odio que le inspiró la lectura del sitio web antisemita del acusado Y, y no a otras causas anteriores? Por tanto, lo que se sanciona con dichas leyes no es el crimen de violencia física posterior supuestamente derivado del discurso, tampoco ninguna causalidad demostrada entre discurso y violencia, sino el propio discurso, cuya propiedad "incitador de odio" le compete al juez determinar según su propio criterio subjetivo. Este elemento subjetivo ya presenta ciertos problemas: hemos visto que según el criterio de alguna gente racional, la propia Biblia podría ser considerada documento incitador al odio, y por tanto, con tales leyes en la mano se podría intentar impedir su difusión, efecto que convengamos sería contraproducente hasta niveles inimaginables. (Además, reconozcamos que en los países democráticos los antojos de los jueces revisten menor gravedad que en los países como Bolivia o Ecuador, donde todos sabemos que los jueces en sus fallos obedecen consignas políticas.) Pero lo que importa aquí es una cuestión de principios: ¿puede ser criminal, en términos éticos (que no legales) un discurso cualquiera? Y si no, ¿es justificable la creación de leyes que carezcan de fundamento ético?

La respuesta liberal a estas preguntas tiene que ser: no y no. En primer lugar, porque crimen se define como atentado contra un derecho básico, y ningún discurso de por sí es atentatorio contra ningún derecho, pues incluso para causar ofensa o molestia, tal discurso tiene primero que ser escuchado y luego tomado en serio, lo cual implica un acto de voluntad ajeno al supuesto ofensor y fuera de todo control suyo. Si yo voy predicando en los autobuses guayaquileños que las personas con pelos en las orejas son emisarios de Satanás y deben ser pintados de amarillo para no engañar a la gente, es poco probable que tal discurso provoque algo más que risas, desprecio o compasión; no me parece que se pudiera razonablemente catalogarlo como un acto inherentemente criminal. La diferencia entre éste y el discurso de odio contra (pongamos por caso) inmigrantes, o judíos, u homosexuales, en realidad reside solamente en el hecho de que, por razones misteriosas, éste es a veces tomado más en serio por algunas personas. Pero ni siquiera cuando consigo que alguien me tome en serio habré atentado (todavía) contra ningún derecho de nadie. Eso es lo que se llama crimen sin víctimas, concepto contra el cual el liberalismo siempre se ha opuesto férreamente. Pareciera que lo que se intenta es seguir una supuesta cadena de causalidad que termine en crimen bastante hacia atrás, hasta el terreno de la vaga y posible intencionalidad, o de la simple irresponsabilidad, para plantar allí la prohibición. No sirve. La irresponsabilidad es sin duda condenable, pero no es un acto opresor: por tanto, es una carencia moral, no ética.

Y donde no hay una cuestión ética, no debe de existir leyes, ni prohibiciones, ni sanciones. De las cuestiones morales la sociedad bien puede encargarse a solas, sin ayuda, mil gracias, de pelucas empolvadas.

Claro que nada de esto será evidente para los que creen que para cada problema social tiene que existir una solución legal (lo que equivale a decir que para cada problema de aprendizaje en los niños hay una vara de mimbre que se le adecúa perfectamente). Con tales personas es difícil dialogar, pues ellos, en la yerma e inhóspita rectitud de su corazón, no ven ningún inconveniente en crear, si hace falta, miles de nuevas leyes que controlen hasta nuestros más insignificantes gestos y pensamientos, convencidos como están de que entre el manual de Buen Vivir más inmisericorde y su intachable conducta no existe roce posible, y que los que no se comportan exactamente como ellos bien merecido se lo tienen. (La mayoría ni siquiera se han parado a calcular lo que cuesta construir cien o doscientas cárceles de alta seguridad.) Para ellos, ese difícil equilibrio entre crimen (sancionable) y conducta meramente antisocial o antipática (no sancionable), cuya línea divisoria para algunos teóricos se sitúa en el umbral de los actos iniciales coercitivos, no existe: para ellos, toda conducta indeseable se tendría que sancionar, pues retarda dolosamente el advento de la soñada utopía social. A esa gente, entre la que está incluido el propio Correa, el argumento de la libertad, de expresión o de cualquier otra índole, les suena a burla y sarcasmo, pues no saben sencillamente lo que tal palabra significa.

En fin, dado su grado de inmadurez no tienen por qué saberlo; y si solamente fuera cuestión de justificar una ley innecesaria en otro país con argumentos viciados como el de las buenas intenciones, no nos tendría que llamar demasiado la atención. Pero como hemos visto, el verdadero meollo de la cuestión, cuando se trata de discursos de odio, es su utilidad para las castas gobernantes, lo cual explica en gran medida el origen de todos esos discursos. (Muéstrame un discurso de odio, y te mostraré, o un miembro de la clase gobernante, o un aspirante a tal posición.) De nuevo, lo que se nos quiere vender desde las tarimas politiqueros resulta ser una inversión total, apabullante, de la realidad: el cuento de hadas de los benignos, pacíficos y tolerantes gobernantes que mediante progresivas leyes nos protegen de los malvados profetas del odio, cede ante el curioso espectáculo de un Correa que, en el mismo momento en que intenta justificar medidas contra el discurso del odio, ejemplifica tal discurso, siguiendo invariable costumbre, a través de sus muecas y cansinos reclamos contra "ellos", "los de siempre", "esa gente", "los dueños", los "cómo es posible", "que nos mienten", etcétera. Es decir, contra cualquiera que ose blandir el discurso, no del odio, sino de la libertad; la que, llevada a la práctica, sería nuestro mejor argumento y vacuna contra todo tipo de odio imaginable.