Caja de jabón

No entiendo cómo con algo tan sencillo como la libertad de expresión la gente se crea tantos problemas.

Para empezar, olvidémonos de que sea un “derecho”. La cuestión de si existen o no “derechos”, sean humanos, ciudadanos, “de la naturaleza” o de cualquier otro tipo, no es necesario que se resuelva antes de hablar de libertad de expresión, de la misma manera que no es necesario resolver la cuestión filosófica del “derecho a la vida” para poder saber qué es y qué no es la vida, y de qué manera se la puede perder; tampoco es necesario definir de antemano cuáles deberes le “corresponden” a ese supuesto derecho. Si quieres que sea un derecho, bien, no me opongo. Si quieres que tenga asociados unos cuantos deberes, discutamos cuáles. Lo que me interesa, sin embargo, es simplemente definir en qué consiste tal libertad de expresión. Con una buena definición creo que nos ahorramos muchos problemas posteriores.

Para mí, y creo que para muchos, libertad significa ausencia de coerción. Ni más ni menos. Por “coerción”, entiendo intentos de influir en el campo de acción ajeno mediante amenazas o fuerza física. Tal definición implica que la coerción siempre nace de algún individuo o grupo de personas (un objeto o un fenómeno no pueden desear ni “intentar” nada.) En la práctica, por supuesto, tal coerción es una constante en nuestras vidas; los cónyuges en un matrimonio la ejercen continuamente, normalmente de forma recíproca; los jefes en cualquier trabajo la ejercen sobre sus subalternos a diario. La mayoría aceptamos tales limitaciones sobre nuestra libertad a cambio de algo (cariño, compañía, sexo, inclusión social, un sueldo). Pero hay que insistir en que tales restricciones son asumidas voluntariamente en primer lugar, mediante algún tipo de acuerdo o contrato. En una sociedad supuestamente “libre”, nadie se casa por obligación, ni firma un contrato laboral con una pistola puesta en la sien.

Algunos argumentan que la ausencia de alternativas constituye coerción, por tanto merma de libertad; en este terreno creo que hay que andar con cuidado. No sería correcto afirmar que “no somos libres porque si no trabajamos, nos morimos de hambre” – tal afirmación es falsa por cuanto, como ya dije, la falta de libertad va asociada siempre con una intención coercitiva: a las leyes de la física y de la biología, que son los únicos culpables de que tengamos que trabajar para vivir, no se les puede atribuir tal intencionalidad. En cambio, si tuviéramos que aceptar un trabajo determinado a sabiendas de que no existía ni la más remota posibilidad de conseguir otro empleo en otro lugar, eso sí sería, por ser evidentemente producto artificial de una maliciosa intencionalidad, falta de libertad flagrante (tal sería el caso en los países comunistas donde el único empleador fuera el estado y la posibilidad de emigrar no existiera.)

Dicho esto, es evidente que hoy en día el único ente coercitivo para la mayoría de nosotros, en términos absolutos, es el estado. A diferencia de los casos citados (el cónyuge, el jefe), el estado no espera que firmemos un acuerdo con él antes de amenazarnos. Nadie “decide” ser ciudadano de un determinado estado, o mejor dicho, nadie tiene la posibilidad de sustraerse a la jurisdicción de todos ellos a la vez. Por tanto, el único ente que a escala masiva puede coartar cualquier tipo de libertad es el estado (tal vez debería agregar “en términos generales”: claro que todavía hay individuos sometidos a algún que otro tipo de esclavitud, por estos lares notablemente las mujeres que han caído en el poder de las redes de trata de blancas).

Ahora, si la libertad es ausencia de coerción estatal, en el sentido expuesto, entonces libertad de expresión significa la posibilidad de expresarnos (ojo, no la de “comunicar”, lo que supondría un receptor obligado) de la manera que queramos, sin que nadie (y especialmente, sin que el estado) nos intente influir en ello de modo coercitivo, es decir, con amenazas o con el uso de la fuerza física.

Más concretamente: libertad de expresión significa poder hablar, escribir, bailar, gritar, tocar música, emitir programas, redactar páginas web o blogs, rascarnos las nalgas, caminar desnudos por la calle, distribuir panfletos, pintarnos de verde, y (sobre todo) insultar al Presidente y propagar falsos rumores sobre una supuesta desdolarización, sin que el estado tenga nada que decir al respecto.

Y ya está. Eso es lo que significa.

¿Y el pero? Tiene que haber un pero.

Claro que hay, pero para verlo tenemos que entrar en el terreno filosófico de los derechos y deberes. Nótese, sin embargo, que la definición expuesta no implica nada sobre este apartado.

Se ha dicho siempre que la libertad de uno termina donde empieza la de los demás. Si lo que nos interesa es definir “derechos”, este concepto parece un buen punto de partida. Maximicemos el derecho a la libertad, junto con cualquier otro derecho, inflémoslo hasta que ocupe todo el espacio disponible, el que no abarca idénticos o comparables derechos poseídos por otros. A partir de esa frontera, tienen que mediar los acuerdos libres y mutuos. No hay otra.

Mi libertad para tocar música, por ejemplo, termina donde empieza la libertad de otros para descansar, o para no ser torturados. (La iglesia evangélica que tengo en frente hace caso omiso a diario de esta restricción, pero se entiende que goza de una licencia especial otorgada por el Todopoderoso en este sentido.)

Mi libertad para emitir programas de tele puede verse seriamente afectado por la libertad que otros tienen para decir “tu idea para un sitcom de 12 capítulos en torno a un policía anarquista que se enamora de la gerente de una camaronera vale verga. Adiós.”

Mi libertad para dejar un comentario pretendidamente sarcástico en el blog de un adversario político se supedita, inevitablemente, a la igualmente válida libertad que tiene el dueño del blog de suprimir dicho comentario, o de colgar una réplica más punzante.

Como en ninguno de estos casos interviene el estado, no se puede hablar de merma de libertad, y mucho menos de censura, al toparnos con estos límites impuestos por la existencia de otras personas. Como el único ente coercitivo es el estado, lógicamente el único ente al cual podemos acusar de censura es también el estado (y sus representantes y derivados y delegados). Lo que se suele llamar “censura” en otros casos es simple ejercicio de la libertad individual por parte de alguien: la libertad de decir “no, gracias”, o alternativamente, “jódete”.

En cuanto a mi libertad para caminar desnudo por la calle, algunos argumentan que esta libertad se opone a la de de los demás de “no tener que enfrentarse a espectáculos indecentes” (y valga decirlo, en mi caso personal, no sólo indecentes sino profundamente antiestéticos). No estoy convencido de eso. Quien no quiera ver, que mire por otro lado. ¿O no?

En todo caso, en lo que hay que insistir es que no puede haber un derecho que de por sí implique la negación de un derecho de otra persona, ni una libertad lícita que viole la libertad de los demás (o, lo que significa lo mismo, que requiera de la acción coercitiva del estado para ejercerse). Por tanto, no existe ningún derecho a la comunicación, ni a la información, pues para que tales “derechos” existan, necesariamente estaríamos obligando a alguien a escucharnos o a informarnos: estaríamos ejerciendo coerción. De entrada, no tenemos derecho a que nadie, ni la prensa ni el gobierno, “nos informe”, a menos que creemos ese derecho mediante acuerdo; en el caso del gobierno tal acuerdo podría derivarse de un programa electoral, pero en el caso de la prensa simplemente no existe. No tiene por qué existir: el mercado (si se le deja actuar) se encarga de que el público reciba a través de los medios la información que realmente quiera recibir, y las mentiras que desee escuchar.

Y hablando de mentiras…

Ha sido realmente divertida y cómica la furia oficial desatada por el hecho de que alguien (tengo entendido, un tal Rómulo Nosécuántos) la semana pasada, publicó un artículo donde afirmaba saber cosas que apuntaban hacia el fin de la dolarización en Ecuador. Resulta que tal rumor era falso, es decir, el artículo se basaba en una mentira. ¿Y qué? ¿Todavía hay alguien en este país tan ingenuo como para creer que aquello que lee en los diarios – ¡los de acá! - son verdades? Ah, pero esta mentira era diferente porque “desestabilizaba el sistema monetario”. Frente a tal queja, conviene ser tajante: el sistema monetario no es ni puede ser sujeto de derechos, y en cuanto a las demás personas supuestamente afectadas, lo único en que podría basarse una denuncia sería un supuesto “derecho a gozar de un sistema monetario estable”, el cual sólo hay que escribirlo con todas las letras para ver lo absurdo que es.

La libertad de mentir es fundamental. Sin mentiras, nuestra civilización dejaría de existir. En todo caso, inventar un supuesto “derecho a que todo lo que me digan sea siempre la verdad” sería pueril, por las razones ya expuestas.

Frente a lo cual, uno de los columnistas del Telégrafo ha inventado una novedosa solución: el concepto de “libertad de información”. Tal como la explica, ésta consistiría en la libertad para informar, con el correspondiente deber de seguir un determinado proceso y, sobre todo, cerciorarse de que la información emitida no “vaya en contra al bien común”. Como esto del “bien común” es un concepto borregamente colectivista, siendo el estado el único ente presumiblemente capaz de definirlo, tal concepto en realidad da carta blanca al estado para ejercer una censura ilimitada, sin tener siquiera que justificarse detalladamente. (“Lo siento, no puede publicar eso. Es por el bien común.”) Es penoso ver cómo algunos soi-disants periodistas se dan de bruces por querer ayudar a su gran Jefe en su misión de unir botas y cabezas percusivamente hasta la eternidad. Desde luego, el concepto no resiste el menor análisis: como ya vimos, lo único que en un principio debe limitar el ejercicio de cualquier libertad por parte de un individuo es un derecho correspondiente de otro individuo (“la colectividad” es un cuento de cuco para espantar niños), así que en este caso estaríamos condenados a inventarnos un “derecho a no recibir información que no derive de un determinado proceso elaborado al gusto de los columnistas de El Telégrafo” o un “derecho a a que no nos digan nada que vaya en contra del bien común tal como lo entiende el señor Correa”. Bueno, pero casi es tierno ver tanta adulación, tanto arrastrarse por el suelo, tanto caligulíngus suelto.

Tierno, pero cansa a veces.